Proyecto de acogida de inmigrantes puede costarle la reelección al presidente Abinader
Nueva York: El presidente de la república, Luis Abinader, probablemente nunca pensó que la reacción del pueblo dominicano y la diáspora iba a generar una ira colectiva ante la intención del Poder Ejecutivo de que el Congreso apruebe un proyecto de ley que regula la acogida de legalización de inmigrantes indocumentados, “víctimas de trata de personas y explotación”. Lo que podría poner en juego el proyecto reeleccionista del presidente para el 2024.
Especialmente, todos los haitianos que lo deseen podrán acogerse a esa nueva regulación, porque los primeros que trafican con ellos son los cónsules dominicanos en Haití, luego los mandos militares desplazados en la frontera, el propio gobierno que se hace de la vista gorda y finalmente los empresarios corruptos que violan la ley dominicana del 80-20 y tienen a los ciudadanos haitianos indocumentados trabajando en condiciones deplorable en el país.
Esa ley cumple con una agenda internacional y que a todas luces no es aplicable a la realidad dominicana, un país ya invadido por millones de inmigrantes indocumentados de diversos países de Latinoamérica, Europa, pero mayormente por ciudadanos haitianos indocumentados, casi todas víctimas de la trata de personas.
El Poder Ejecutivo ha sometido ese proyecto de ley ante el Congreso aparentemente sin medir consecuencias, lo que ha provocado la ira colectiva de la sociedad a tal extremo que el propio presidente del Senado, Eduardo Estrella, salió al frente viéndose en la obligación de declarar que el proyecto sería sometido a modificaciones para aplatanarlo a RD.
La República Dominicana es un país abatido por la pobreza que va cada día en aumento, según las cifras oficiales casi un 25% de su población vive por debajo de la línea de pobreza extrema. Si no fuera por el subsidio directo de más de 10, 000 millones de dólares que envía la diáspora a sus familiares y relacionados, más del 50% de su población estuviera en estado de indigencia.
Solo en las parturientas haitianas, República Dominicana consumió RD$688,216,600 pesos entre 2010-2021. En el país hay 751, 080 residentes de origen haitiano que viven de forma regular, la migración indocumentada es imposible de cuantificar, pero se cree que podrían vivir en esa condición más de 2 millones de haitianos en el país.
Los desafíos que representa este proyecto, si se convierte en ley, es que el estado estaría en la obligación de acoger y legalizar a los indocumentados, víctimas de trata de personas y explotación. ¿Qué significa eso? Que el estado dominicano tendría que legalizar a más de dos millones, solamente de haitianos que ya pudieran estar viviendo en el país, sin contar que desde que esa ley se apruebe, la presión por llegar al otro lado de la frontera aumentaría de forma exponencial y descontrolada.
Bajo el espirito de esta ley, el mismo sistema gestionaría, con recursos pagado directamente por cada ciudadano la regulación, acogida y legalización de inmigrantes indocumentados considerados víctimas, un camino al permiso de trabajo, residencia permanente y cualquier otro derecho que disfruta un dominicano antes las instituciones estatales.
El Poder Ejecutivo sometió dicho proyecto de ley el 12 de diciembre de 2020, pero nadie explicó de qué se trataba. Ha sido ahora cuando han salido a relucir los detalles de este, provocando el repudio de la población y el estallido de los sectores nacionalistas, quienes han acusado al gobierno del presidente Luis Abinader de querer legalizar a todos los inmigrantes haitianos en el país a tendiendo a presiones internacionales y que sean los dominicanos que paguen por eso.
«La ley también crea una institución que dotaría a los inmigrantes de un seguro de salud mientras estén dentro de la unidad de Identificación, Atención y Protección de Víctimas, Sobrevivientes y Testigos de Trata de Personas. Por lo que se puede establecer que el presupuesto para cubrir todos estos gastos multiplicaría por cuatro los RD$688,216,600 millones que el país ha gastado solo en parturientas en los últimos diez años».
Además, recibirían atención integral, asistencia y protección desde que sean identificados como víctimas; disponer de tiempo para su recuperación y reflexión, participar en programas de atención y ser acogidos en un albergue seguro y especializado, con datos protegidos por la confidencialidad.
“Las víctimas”, también tienen derecho a un “retorno asistido” a sus países en coordinación con la embajada o su consulado. El migrante víctima de tráfico ilícito tendrá los “derechos irrenunciables e indivisibles”, a la protección de su integridad física y emocional, protección de su identidad y privacidad y el respeto a su personalidad.
También, tendría derecho a recibir información sobre los derechos que le asisten, en su idioma y ponerse en contacto con representantes diplomáticos o consulares de su país de nacionalidad. Hay que darle alojamiento y asistencia médica dentro de los establecimientos que la ley creará para ellos, cobertura de sus necesidades básicas de atención inmediata.
¿De dónde saldrá todo el dinero que se necesita para esto?
El gobierno obligaría a los ciudadanos dominicanos de la manutención de haitianos y migrantes, según el proyecto de ley, establece que “toda persona jurídica o entidad deberá pagar una “Contribución Especial Obligatoria” en base a sus ingresos, para la atención, asistencia y protección a las personas identificadas como víctimas de tráfico ilícito de migrantes” con cuotas directas que van desde 150 pesos, aunque usted no tenga ingresos ni trabajo, hasta un millón. Los que ganan ocho millones aportarán 450. Personas o compañías con ingresos entre ocho y 20 millones aportarían 1,500; las que ganen entre 20 y 50 millones aportarán 9,000; las que ganen de 50 hasta 100 millones pagarán 27 mil pesos y las que tengan ingresos superiores a 100 millones aportarán 78 mil pesos. Estos montos van subiendo en la misma proporción que la inflación.
El pago es obligatorio para todo el mundo, por lo que será deducido de la renta bruta de las personas jurídicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 del Código Tributario.
