Proyecto de ley bipartidista busca reforzar la frontera y apoyar inmigrantes
Washington, DC: Este martes, la representante María Elvira Salazar (R‑FL) y la representante Verónica Escobar (D‑TX), junto con una coalición bipartidista de la Cámara de Representantes, presentaron una nueva versión del proyecto de ley conocido como Dignity Act, cuyo propósito es reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos mientras ofrece una vía de legalización para ciertos inmigrantes indocumentados.
El texto propone financiar tecnología avanzada y ampliar la dotación de personal para la protección fronteriza, al mismo tiempo que introduce el denominado “Programa Dignity”, un mecanismo de siete años que permite a inmigrantes sin estatus regular obtener autorización de trabajo y protección contra la deportación si cumplen requisitos como haber ingresado al país antes de 2021, aprobar una revisión de antecedentes penales, pagar impuestos atrasados y una restitución de 7,000 USD, y presentarse periódicamente ante el Departamento de Seguridad Nacional . Además, la ley contempla una ruta específica para los Dreamers, facilitando su acceso a la residencia permanente y eventual ciudadanía.
Representantes Salazar y Escobar enfatizaron que este proyecto equilibra la “seguridad ordenada” de la frontera con soluciones humanas, Salazar afirmó que “la frontera ya está asegurada, ahora debemos reparar todo lo demás” y describió a los beneficiarios como trabajadores que “no quieren ayuda, quieren una oportunidad”, mientras Escobar señaló que la propuesta responde a la “realidad actual” al fortalecer fronteras, reducir el atraso de visas y dotar de protección legal a inmigrantes trabajadores.
Organizaciones como World Relief han celebrado el relanzamiento de la propuesta por su enfoque bipartidista y equilibrado, describiéndola como una alternativa “humana” frente a políticas de detención masiva y separación familiar impulsadas recientemente por un paquete de financiamiento que destinó miles de millones de dólares a ICE y al muro fronterizo.
Se anticipa que la ley será debatida en la Cámara baja en las próximas semanas y que su avance al Senado representará todo un desafío, especialmente por la presión de legisladores que piden reformas migratorias más estrictas por un lado y quienes exigen garantías humanitarias por otro.
