Proyecto de ley busca restringir la venta de vape a menores
SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados recibió un proyecto de ley que busca imponer duras sanciones a los negocios y establecimientos que comercialicen o promuevan el uso del tabaco sin combustión y los sistemas electrónicos de suministro, con o sin nicotina, a menores de edad. Según la propuesta presentada por los legisladores Omar Fernández y Orlando Jorge Villegas, aquellos que violen esta regulación podrían enfrentar multas de hasta 20 salarios mínimos del sector público, así como el decomiso de los productos.
El objetivo principal de esta iniciativa legislativa es prevenir el acceso de los menores de edad a estos productos y establecer un marco general para regular su comercialización y consumo en la República Dominicana. El proyecto de ley ha sido respaldado por diversas voces de la sociedad, quienes resaltan la necesidad de una regulación adecuada para evitar que los productos lleguen a manos de los jóvenes y abogar por consecuencias ejemplares en caso de incumplimiento.
El diputado Orlando Jorge Villegas destacó la importancia del proyecto al referirse a la creciente cantidad de menores de edad que consumen cigarrillos electrónicos sin ningún tipo de control en su venta. Además, señaló la falta de información sobre la calidad de muchos de estos productos, por lo que se propone que el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) establezca los controles pertinentes para garantizar la calidad y seguridad de los mismos.
El incremento en el uso de vapes entre estudiantes menores de 18 años en escuelas públicas y colegios privados ha puesto en evidencia la necesidad de aprobar y promulgar esta ley. Aunque el proyecto fue sometido en 2021, aún se encuentra en fase de discusión en la Cámara de Diputados.
En resumen, el proyecto de ley presentado ante la Cámara de Diputados de la República Dominicana busca regular la venta y consumo de tabaco sin combustión y sistemas electrónicos, con el fin de proteger a los menores de edad.
Si es aprobado, aquellos que infrinjan esta regulación podrían enfrentar multas significativas y el decomiso de los productos, sentando así un precedente importante para el país.
