¿Qué dijo el imputado que implicó directamente a Jean Alain y a Rafael Canó en corrupción?
Hasta el momento, Jean Alain Rodríguez había restado importancia a las declaraciones de los más de 20 imputados que han admitido su culpabilidad en el caso de corrupción denominado Medusa, alegando que ninguno lo señaló como responsable de los actos reconocidos por ellos. Sin embargo, este martes, hubo un acusado que sin hacer un acuerdo previo con el Ministerio Público solicitó la palabra, admitió su culpabilidad y aseguró que actuó bajo las órdenes del exprocurador y del exdirector de Gabinete Rafael Stefano Canó Sacco.
Se trata de Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, que figura como segundo imputado del caso y es mencionado 1,524 veces en el expediente acusatorio de más de 12 mil páginas del Ministerio Público.
El imputado trabajó en el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) en la gestión de Jean Alain Rodríguez en ese organismo. Según el Ministerio Público, cuando Rodríguez fue designado procurador, lo llevó a la Procuraduría para que respondiera a sus intereses. Rodríguez Imbert fungía como Director Administrativo y Financiero y realizaba maniobras en los procesos de compras con la finalidad de que los proveedores que respondían a los intereses de «Jean Alain y Canó Sacco» fueran adjudicados.
La participación de Rodríguez Imbert en el supuesto entramado corrupto fue sacada en el tribunal el pasado viernes por otro de los imputados que aceptó su culpabilidad. Se trata de Lisandro José Macarrulla Martínez, un contratista de la Procuraduría en la gestión de Jean Alain Rodríguez, que admitió que pagó sobornos para ser beneficiado con una adjudicación en la construcción de la cárcel La Nueva Victoria.
«Corroborando lo manifestado por el Ministerio Público, la empresa que represento licitó en dos lotes, habiendo sido abultado el lote 5 (de la cárcel Nueva Victoria), una vez notificado, se nos acercó el señor Imbert exigiendo el porcentaje ya antes mencionado por otros imputados, en un principio la empresa se opuso, pero procedió a pagar el equivalente al 14 por ciento de los costos directos durante todo el proceso de la ejecución en nuestras oficinas en efectivos», admitió Macarrulla Martínez ante el juez del Tercer Juzgado de Instrucción, Amauri Martínez.
Durante la audiencia preliminar este martes, Rodríguez Imbert, confesó lo siguiente:
«En mi puesto como administrador de la Procuraduría General de la República, recibí instrucciones de mis superiores Rafael Canó y Jean Alain Rodríguez. Yo no tenía potestad alguna de tomar decisiones ya que tenían todo centralizado y de eso pueden dar testimonios los demás empleados y hasta fiscales.
Por tal razón, aunque se me había entregado un poder para firmar por Jean Alain para contratos, asignaciones y demás dentro de la Procuraduría, todo tenía que venir por instrucciones de Rafael Canó y Jean Alain Rodríguez.
Ejemplo de esto, magistrado, son los pagos a Fire Control Systems (empresa imputada), el cual en el documento está la firma del procurador, del exprocurador Jean Alain Rodríguez, como también el pago de un local que se compró en la Zona Colonial, el cual estaba opuesto, y buscaron incluso un poder del Consejo del Ministerio Público, el cual me ordenaba a hacer el pago del mismo.
El señor Canó y el señor Rodríguez me enviaban a reuniones con los contratistas, lo que me hacía una especie de canal entre contratistas y ellos, con los cuales se tocaban temas desde suplidores de cemento y demás hasta temas que estos le molestaban y tenían preguntas, me refiero a los contratistas, cualquier decisión que estos tomaban con respecto a construcciones me pedían que se la externara a los contratistas de la misma forma.
Ellos me instruían juntarme con los contratistas y empresas de alimentos y recoger el porciento acordado de las obras y alimentos para luego entregárselo tanto en sus oficinas o casas, mientras que otros se lo entregaban directamente a ellos. Se decía que estos fondos eran para formación y gasto del movimiento político Renovación.
Rafael Canó y Jean Alain Rodríguez me dieron instrucciones de abrir y recolectar las informaciones de los sobres de licitaciones de los demás oferentes y dárselo a las personas que ellos indicaban para que estos fueran beneficiados en licitaciones y procesos.
Se hacía uso de empresas como Productiva, Global Travel y demás que eran del señor Alex Rojas, esta persona es de mucha confianza de ellos, en momentos en que se necesitaba hacer compras de equipos, servicios o demás actividades se iba donde él, porque se necesitaba hacer eso de forma rápida y se evitaba el procedimiento de compras. Ejemplo de estos son los equipos de ADN, fiestas de Navidad, boletos aéreos, inauguraciones, entre otros.
Pide envío a juicio de fondo
Tras concluir sus declaraciones, intervino su abogada Ingrid Hidalgo, quien reveló que su cliente tiene más información que aportaría en el juicio de fondo. Indicó que decidió hacer una defensa positiva, sin una negociación con el Ministerio Público de por medio y que Rodríguez Imbert se siente arrepentido.
Hidalgo solicitó al juez Amauris Martínez que dicte una apertura a juicio de fondo, a la vez se manifestó dispuesta a un contrainterrogatorio, es decir, que las defensas de los demás imputados puedan cuestionar a su cliente sobre sus declaraciones que implican a otros coimputados.
También señaló que su defendido está preparado y dispuesto para realizar un careo con Jean Alain Rodríguez.
Canó Sacco
El imputado Rodríguez Imbert no solo sorprendió haciendo mención directa de Jean Alain Rodríguez en la audiencia, también mencionó a Canó Sacco, quien era la mano derecha del exprocurador y que el organismo de persecución no imputa en los actos de corrupción, al contrario, es su «testigo estrella» en este proceso.
Caso Medusa
Al momento, suman 23 los acusados en este caso que se declararon culpable, de un total de 63 personas físicas y empresas que figuran en el expediente. El Ministerio Público les acusa de ser partícipes de un entramado corrupto que encabezó el exprocurador general Jean Alain Rodríguez mediante el cual desfalcaron al Estado con seis mil millones de pesos a través de estafas.
