¿Qué sabemos de la acusación del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro?

Nueva York: En los papeles del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, el caso aparece con una frialdad típica de la justicia estadounidense, números, cargos, nombres completos y apodos entre comillas. Pero detrás de esa prosa seca, el documento dibuja una historia que, si se toma al pie de la letra, describe algo más que narcotráfico. Describe un sistema de poder, con uniforme y cargo público, usando el Estado como infraestructura para mover cocaína, financiar aliados armados y blindar una red que el propio texto presenta como binacional y estratégica.

El escrito es una acusación sustitutiva. Eso significa que no es un simple borrador inicial, sino una versión ampliada o ajustada de cargos previos, presentada ante un gran jurado. La fiscalía sostiene que, desde al menos 1999 y hasta alrededor de 2020, existió una conspiración de narco terrorismo que unió a la guerrilla colombiana FARC con un grupo descrito como Cartel de Los Soles, definido en el documento como una organización integrada por altos funcionarios venezolanos que corrompieron instituciones, partes del aparato militar, de inteligencia, del Legislativo y del sistema judicial para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

En la acusación, Nicolás Maduro aparece no como figura periférica, sino como alguien que, según el texto, ayudó a gestionar y luego a liderar el Cartel de Los Soles mientras ascendía al poder en Venezuela. El documento va más allá del argumento clásico de enriquecimiento ilícito.

Afirma que la red buscaba inundar a Estados Unidos con cocaína y presenta esa exportación como arma, no como simple negocio. Luego enumera acciones atribuidas a Maduro, negociar cargamentos de múltiples toneladas, facilitar armas de grado militar para la FARC, coordinar relaciones con países para abrir rutas, y pedir apoyo para entrenar una milicia no sancionada que operaría como fuerza armada paralela.

El texto mezcla geografía, logística y política. Habla de coca cultivada entre Colombia y Venezuela, de cargamentos que salen por mar en lanchas rápidas, barcos pesqueros y contenedores, y por aire desde pistas clandestinas, con mención específica del estado Apure como zona de concentración de pistas de tierra o grama. Para asegurar el paso, dice, hubo sobornos que beneficiaron a altos nombres mencionados, a cambio de acceso a puertos y datos de radar aéreo y marítimo.

Incluso incorpora un dato de una estimación del Departamento de Estado sobre toneladas que transitaban por Venezuela por año, y otro sobre vuelos no autorizados entrando en espacio aéreo hondureño por la llamada ruta del puente aéreo.

En el centro aparecen otros nombres con poder. Diosdado Cabello es descrito como figura de alto rango político y militar. Hugo Carvajal, apodado El Pollo, figura como exdirector de inteligencia militar(actualmente detenido en EE.UU). Clíver Alcalá como general retirado.

Del lado colombiano, Iván Márquez y Jesús Santrich aparecen como líderes de la FARC. El documento recuerda que la FARC fue designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera y afirma que sigue siéndolo al momento de la acusación.

Luego vienen escenas que buscan darle carne a la acusación. Una de las más concretas es la de un avión DC-9 con matrícula de Estados Unidos que, según el texto, salió de Maiquetía y aterrizó en Campeche, México, donde autoridades mexicanas incautaron 5.6 toneladas de cocaína en 2006. Otra escena es la incautación en Francia de 1.3 toneladas que viajaban en un vuelo comercial a París en 2013, seguida, según el documento, de una reunión interna donde se habría reprochado el uso de Maiquetía y se habría ordenado volver a rutas ya establecidas.

Hay episodios con olor a Estado. El texto dice que en 2005 se habría instruido remover jueces que no protegieran a la FARC y que ese mismo año Venezuela redujo de forma drástica su cooperación antidrogas con la DEA. También menciona un esquema de lavado en 2006, con compra de maquinaria para extracción de aceite de palma desde Malasia para dar apariencia legítima a dinero de drogas, y lo enlaza con anuncios de acuerdos comerciales.

El documento también retrata el uso de presión internacional. En 2014, Carvajal fue arrestado provisionalmente en Aruba a pedido de Estados Unidos y, según el texto, Maduro, Cabello y otros presionaron para lograr su liberación, incluso con despliegue naval hacia la isla. Y en 2019, afirma, hubo una conferencia de prensa grabada donde Maduro declaró que la FARC, en particular Márquez y Santrich, era bienvenida en Venezuela, seguida por un anuncio de Márquez sobre una nueva fase de lucha armada.

En términos legales, el documento formula cuatro frentes principales. Conspiración de narco terrorismo, conspiración de importación de cocaína, posesión y uso de ametralladoras y artefactos destructivos en relación con el tráfico, y conspiración para poseer esas armas. Además pide decomiso de bienes y prevé la búsqueda de activos sustitutos si el dinero o propiedades no aparecen o fueron movidos.

Todo esto, conviene subrayarlo, es una acusación. No es una sentencia. No prueba por sí sola que cada hecho ocurrió como se describe. Pero sí deja una fotografía de la tesis fiscal. Una tesis que no se conforma con decir que hubo corrupción y drogas, sino que afirma que la estructura del poder fue parte del mecanismo, que el uniforme y el cargo fueron herramientas, y que la cocaína no fue solo mercancía, sino una palanca política en un conflicto mayor.