Regidor acusado por narcotráfico en Estados Unidos no asistió a sesión
El asiento del regidor Edickson Herrera estuvo vacío y sin identificación en la sesión extraordinaria que celebró ayer el Consejo de Regidores del Distrito Nacional, luego de que se conoció una acusación en su contra por narcotráfico en una corte federal del sur de la Florida.
El consejal presentó una excusa ante este Consejo Municipal, único órgano con la facultad de suspenderlo temporalmente.
La Ley del Distrito Nacional y los Municipios (176-07) establece que esta suspensión se puede dar cuando un miembro debe cumplir medida de coerción que conlleve arresto o cuando se inicie un juicio de fondo por la imputación de un delito que se castigue con privación de libertad.
La destitución definitiva es permitida “por decisión judicial con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada”, por renuncia y por incapacidad.
En su reacción oficial, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), por el que fue electo Herrera, dispuso una investigación y condenó cualquier acción criminal o antijurídica de sus miembros. Sus compañeros de partido evitaron opinar sobre el caso.
Algunos de ellos, como el hoy diputado Vicente Sánchez, fueron ap0yados en actos públicos por este funcionario municipal en marzo del 2024.
El regidor, al que se atribuye el tráfico de al menos 5 kilogramos de cocaína, declaró ante la Cámara de Cuentas un patrimonio de 4.3 millones de pesos en 2024. En 2020 había reportado dos millones, lo que significó un aumento de 2.3 millones de pesos, sobre todo por la aparición de una cuenta con más de 27,967.94 dólares.
Sus bienes más importantes eran otra cuenta con 431 mil pesos, un apartamento que tasó en 1.2 millones y un pequeño carro de la marca Daihatsu, modelo Mira, valorado en 500 mil.
También declaró una pistola automática de 220 mil pesos y electrodomésticos valorados en 350 mil.
El general
Herrera fue acusado en Estados Unidos junto al ciudadano José Eduviges Aponte y el general retirado de la Policía Nacional William Durán Jerez.
Durán Jerez fue pensionado por antigüedad en servicio el 27 de febrero del 2009 por el presidente Leonel Fernández, con el Decreto 164-09, quien también lo había ascendido a general de brigada en agosto del 1999.
Durante su carrera policial fue Director Nacional de Seguridad Preventiva, Supervisor General de la Junta Central Electoral, Inspector General de la Policía y Director Regional Central.
