Reo murió de infección al no suministrársele antibióticos en cárcel de Najayo
Un arubeño habría fallecido en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-XX-20, en Najayo, San Cristóbal, tras una infección general producida por una herida en la boca que le causó un médico con una jeringa, quien finalmente lo atendió después de «más de 11 meses» clamando por asistencia debido a un dolor de muela.
Una hermana del recluso Jarick Patrick Steven Farro, de 31 años, describe «la falta de humanidad» de las autoridades de la cárcel a la demanda de su pariente de que se le llevara con un facultativo y que, al momento de ser atendido, le agravaron su situación por la lesión que le causaron y la cual no fue tratada con antibiótico.
El interno falleció por la infección general el pasado 24 de mayo, narra su hermana Joselyn Farro.
El Defensor del Pueblo informó que iniciará las investigaciones para que la Dirección General de Servicios Penitenciarios ofrezca un informe con los pormenores que dieron como resultado la muerte de Jarick Patrick Steven Farro en el recinto penitenciario de Najayo Hombres.
En una carta enviada a la procuradora general, Miriam Germán, y al director de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, el segundo suplente del Defensor del Pueblo, Miguel Puello Maldonado, manifiesta su «profunda preocupación» porque diariamente reciben informaciones sobre las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad.
La hermana describió que «el doctor en el penitenciario le hirió varias veces con agujas, causando sangrado abundante, y al asistir el día 10 de mayo de 2024 al dentista en el Centro Odontológico Corazón de Jesús, no se pudo extirpar la muela».
Agregó Joselyn Farro que en el Centro Odontológico «le lastimaron, según su testimonio, la garganta y la cavidad de la muela» y al despacharlo le hicieron una receta que no pudo consumir porque «no podía tragar».
En una misiva al Defensor del Pueblo, Farro afirma que se informó a la directora del Centro Penitenciario CCR-XX-20 Najayo, de San Cristóbal, Arelis Uribe, pero que «no se hizo ninguna acción» para suministrarle antibióticos inyectables.
Según Farro, a su hermano se le restringió las visitas «en más de tres ocasiones por largas temporadas» y que «aún con la situación de gravedad» que presentaba Jarick, que le impedía tragar, «no permitieron entregar alimentos especiales para garantizar su salud».
Tampoco se le informó a la familia ni a la Embajada de Holanda (de donde también los arubeños tienen pasaportes).
Falleció la segunda vez que fue ingresado en hospital
Una primera vez fue llevado al hospital Juan Pablo Pina, de San Cristóbal, el 23 de mayo, acompañado de un custodio, según la certificación de ese centro de salud, por «referir dolor de muelas y salida de secreción de sangre». Según el nosocomio, el paciente se manejó «con analíticas, hidratación y la administración de analgésicos antiinflamatorios».
El hospital recomendó su ingreso, pero «el paciente firma el alta a petición». Su hermana dice que Jarrick quería que lo trasladaran a una clínica y que su familia cubriría los gastos.
No se le llevó a una clínica, sino al centro penitenciario donde fue sacado al día siguiente otra vez de emergencia.
«El 24/5/2024 paciente nueva vez (extraído por custodio) y es recibido en triage de emergencia por el médico, en ese momento se coloca diagnóstico de odontalgia tratada con analgésico antiinflamatorios no esteroides tipo Diclofenac por vía intramuscular y se indican analíticas», agrega la certificación del hospital Juan Pablo Pina.
Posteriormente, comenzó un cuadro de dificultad respiratoria «expulsando contenido hemático de la cavidad oral, con historia de que días previos, sin especificar cantidad exacta, le había sido extraída una pieza dentaria, y que desde entonces se había mantenido presentando dolor y sangrado del área donde se le había trabajado».
El parte del centro asistencial dice que se le colocó oxígeno, a las 5:16 de la tarde, con «esteroides tipo hidrocortisona endovenosos, pero el mismo inicia hemorragia masiva por cavidad oral, por lo cual es trasladado al área de trauma shock de manera inmediata para aspiración e intubación endotraqueal» y que al presentar «parada cardiorrespiratoria» se le inician «maniobras de reanimación básicas y avanzadas de 30 minutos (según protocolo de reanimación)».
Ante la no respuesta positiva, «se realiza EKG (electrocardiograma) que reporta línea isoeléctrica, declarándose fallecido a las 8:20 de la noche», concluye el centro médico de San Cristóbal.
Dificultad para retirar el cadáver
Joselyn Farro también se queja «de la pesadilla» que vivieron para reclamar los restos de su hermano, en el Instituto Nacional de Ciencias Forense (Inacif).
«No había personas para hacer actas de defunción o dar información; esas áreas trabajaban en ‘horario laboral y no hay turnos’, o sea las personas no pueden morir fines de semana», dice.
Finalmente pudo retirar el cuerpo por la gestión del Defensor Público, el pasado viernes 31 de mayo en la tarde.
El Defensor del Pueblo informó que previo a la entrega del cadáver del hoy occiso, ya se le había tomado las pruebas para realizarle la autopsia.
Sostiene que el fallecimiento del joven que, según la denuncia falleció por no recibir atención médica oportuna, es «una grave violación de los derechos humanos» de la víctima «y refleja una falta de humanidad por parte del centro penitenciario» que transgrede el numeral 5 del artículo 4 de la Ley 113-21 relativo a los derechos de las personas en prisión.
Agrega que en situación parecida se encuentra el ingeniero Víctor Hernández Zamora, «quien desde hace varios días ha solicitado ir al dentista por una infección bucal, pero por falta de aprobación no ha podido ser trasladado y atendido».
«Es imperioso que usted disponga realizar una exhaustiva investigación que determine quién o quiénes son los responsables del incumplimiento de la Ley 113-21 que trajo como consecuencia el fallecimiento del ciudadano Jarrick» en Najayo-Hombre, demanda el segundo suplente del Defensor del Pueblo a la procuradora general de la República.
En la misiva hace referencia también a la denuncia de que a los reclusos del segundo piso del mismo penal les «están cortando el suministro de agua y donde no hay tinacos» por lo que los reclusos se ven obligados a comprar botellones de agua a RD$120 cada uno en el Economato. «Se les niega venderle comida, habiendo disponible para otros pisos, así como otros tipos de abuso», enfatiza la carta enviada a la Procuraduría General.
