Retractación de Arrendel no exime a periodistas dominicanos de investigación federal sobre fondos de USAID

Nueva York: El comunicador Johnny Arrendel emitió un comunicado público en el que se disculpa por haber difundido información falsa relacionada con el supuesto pago de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a los periodistas dominicanos Marino Zapete, Huchi Lora, Altagracia Salazar, Mariasela Álvarez y Edith Febles. En una breve comunicación, Arrendel no solo se retracta de las acusaciones, sino que también confiesa que: “Mi grave error fue producto, en gran parte, de la efervescencia nacionalista derivada del momento político”.

Sin embargo, el hecho de que Johnny Arrendel se haya retractado no exime a los periodistas dominicanos de la investigación federal en curso en Estados Unidos sobre supuestos pagos ilegales con fondos de USAID. Es importante hacer una distinción: que un comunicador haya publicado una noticia sin verificarla y sin tener pruebas de su veracidad, y que luego se retracte para evitar consecuencias legales inmediatas, no implica que se cierre el proceso de investigación federal en curso ordenada por el gobierno de Donald Trump sobre pagos ilegales de la USAID. Dicha investigación tiene como objetivo determinar la veracidad de las acusaciones y evaluar las posibles implicaciones legales de los pagos en cuestión.

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Los resultados de esta investigación, que incluye una auditoría forense de los pagos de USAID en la República Dominicana, deberían revelar los nombres de todos los periodistas y personas que recibieron pagos de la agencia en el país. Si los nombres de Marino Zapete, Huchi Lora, Altagracia Salazar, Mariasela Álvarez y Edith Febles no figuran en esos resultados, los periodistas involucrados quedarían eximidos de cualquier responsabilidad en este escándalo. Sin embargo, será necesario esperar a que se obtengan los resultados de la investigación en curso en Estados Unidos para poder esclarecer esta situación.

Johnny Arrendel evita consecuencias legales por difamación e injuria en RD 

El comunicador Arrendel actuó correctamente al retractarse y pedir una excusa pública a los afectados. El Código Penal Dominicano, en sus artículos 357 a 364, regula los delitos de difamación e injuria, especificando las penas correspondientes para quienes cometen estos actos. Las sanciones pueden incluir multas, penas de prisión de entre uno y tres años, y acciones civiles para exigir una indemnización por los daños al honor, la reputación o la imagen de las personas afectadas.

Cabe recordar que la USAID ha financiado programas en la República Dominicana destinados a fortalecer la democracia, la libertad de prensa y la “participación ciudadana”. Estos programas han sido implementados a través de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación locales. Sin embargo, las recientes acusaciones han puesto en tela de juicio la transparencia y legalidad de estos fondos.

La investigación federal tiene como objetivo esclarecer, entre otras cosas, si USAID ha realizado pagos ilegales a periodistas dominicanos y, en caso afirmativo, identificar a los responsables y las posibles consecuencias legales. Mientras tanto, los periodistas y medios de comunicación involucrados han expresado su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer la situación y defender su integridad profesional.