SANTIAGO: Alcaldía someterá juez autorizó embargo de sus cuentas
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – La Alcaldía someterá ante la Suprema Corte de Justicia al juez Ramón Francisco Ureña Ángeles, que la condenó a pagar una obra no realizada, en base a un contrato no ejecutado, ordenando el embargo de sus cuentas y las personales del alcalde Abel Martínez.
Ureña emitió la sentencia en base una alegada deuda que reposa sobre una nota de crédito emitida por quienes fueron los consultores jurídicos de la aludida gestión y ahora y ahora son los abogados ejecutantes, dicha nota de crédito tiene base legal en un contrato de una obra no realizada.
Es una postura firme la que sostiene el alcald Martínez, de no ceder a maniobras fraudulentas que comprometan y limiten los recursos públicos de la ciudad, los cuales están destinados a obras y servicios que mejoren la calidad de vida y el orden de los habitantes de ésta.
La información fue ofrecida por la Dirección de Comunicación de la entidad edilicia, que informó que la condena deviene contraria a los preceptos jurídicos, además el embargo sobre las cuentas públicas y personales del alcalde del municipio constituye una acción repetitiva, no siendo la primera vez que dicho juez la autoriza.
Explican que el juez de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial ha dirigido una persecución sin sentido contra el gobierno local, que a todas luces refleja una administración eficiente de los recursos públicos, imperando en la ciudad el orden y la limpieza como lo señalan los indicadores oficiales gubernamentales de evaluación de la municipalidad y que lo sitúan en el primer lugar.
Al respecto, en los próximos días un equipo de abogados apoderados por la Alcaldía someterá al juez ante el consejo del Poder Judicial, recordando a la población que éste fue juzgado y condenado por faltas graves y estuvo suspendido en sus funciones por 30 días en el año 2016.
“Los jueces que no actúen apegado a las normas vigentes, con supremacía en los derechos constitucionales de los ciudadanos, conforme la ética profesional, deben ser apartados del tren judicial”, apuntan.
