Según el Ministerio Público, el año 2017 señaló el comienzo del entramado corrupto en el Intrant
Santo Domingo, RD: El 2017 señaló el comienzo de una antigua trama corrupta que abarca el sistema de semáforos y videovigilancia en el Gran Santo Domingo. Por esta causa, se arrestaron siete individuos, entre ellos el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras.
El Ministerio Público ha emitido la orden de arresto 2024-AJ0020784 contra los siete mencionados en el caso conocido como «Operación Camaleón».
Según el informe, en 2017 Jochi Gómez obtuvo beneficios en diversos contratos estatales a nivel nacional. Cita el concedido a la compañía Dekolor S.R.L, donde Gómez es co-gerente junto a Rogelio Ramón Oruña Aguilar, responsable de la expedición de licencias de conducir, acumulando ingresos superiores a los RD$ 4,655 millones, obteniendo un salario de RD$ 805.69 por cada una.
Además, el informe menciona que Gómez «se aprovechó de un acuerdo ilegal, que incluía un Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y su compañía AURIX S.A.S., a pesar de que este acuerdo no se registró oficialmente».
Latam Transcore S.R.L.
El fallo judicial señala que Gómez Canaán adquirió el dominio «Transcore.com.do» en mayo de 2022 y que habría suplantado la identidad del alemán Jörg Brinkmeyer «con el fin de establecer fraudulentamente Transcore Latam S.R.L.» Luego, empleando emails falsos, pidió a un letrado que registrara la compañía en la República Dominicana.
El informe señala que Transcore Latam S.R.L. fue inscrita en la Cámara de Comercio de Santo Domingo en julio de 2022, «a pesar de que la investigación evidenció que ni Brinkmeyer ni Michael Mauritz, representante de TransCore LP en Estados Unidos, poseían vínculos con esta compañía o sus participantes».
Alteraciones en la Intrant
El informe indica que el caso progresó después de la dimisión de Pedro Vinicio Padovani Báez como responsable del Centro de Control de Semáforos del Intrant el 30 de junio de 2022 y empezó a colaborar con Gómez Canaán, una elección que se alineó con la elección de Hugo Beras como director ejecutivo de la organización. El documento señala que después de la llegada de Beras, el proyecto se detuvo «para incorporar a las nuevas autoridades en la conspiración».
Desvío de recursos financieros
La orden de detención señala que el proyecto de actualización del sistema de regulación del tráfico y la red semafórica, previsto en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Intrant, tenía un presupuesto de RD$ 104 millones. No obstante, «en enero de 2023, Hugo Beras, en colaboración con Frank Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez y José Ángel Gómez Canaán (Jochi), formaron una coal
El proyecto se incrementó de 104 millones de pesos a RD$ 1,200 millones, lo que representa un incremento del 1,053 %. El informe indica que no había ningún documento técnico o financiero que respaldara el costo del proyecto.
Cambios en la licitación
La orden de arresto señala que el procedimiento de licitación sufrió modificaciones que, entre otras cosas, disminuyeron los requisitos de experiencia para la participación, de 15 años a únicamente 1.
El informe especifica que «la cantidad de controladores necesarios a nivel global disminuyó de 15,000 a 1, y la cantidad mínima de intercepciones disminuyó de 40,000 a 1. Estas modificaciones formaban parte de una estrategia intencionada para simplificar la intervención de la compañía en el procedimiento de licitación.
La orden señala que, pese a que Transcore Latam S.R.L. no satisfacía las condiciones fijadas en el contrato, obtuvo ventajas al ser adjudicada la adjudicación del contrato. Las modificaciones adicionales en el reglamento reducieron la carga de la oferta económica e incorporaron términos confusos en relación a la instalación de equipos.
Apropiación de documentos y denuncias falsatorias
El decreto de detención señala que los documentos entregados por Transcore Latam S.R.L., en el contexto de la licitación, que supuestamente mostraban los proyectos listados, «parecerían ser impresiones de información extraída de páginas web en inglés», además de las declaraciones juradas de directivos de compañías de capital foráneo, como Transcore.
Después de la adjudicación, en junio de 2023, los representantes de Sictranscore Latinoamérica presentaron una denuncia ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) por supuesta apropiación indebida y uso no permitido de datos que Transcore Latam S.R.L. presentó como propios. En su denuncia, los ejecutivos señalaron que Transcore Latams S.RL. se habría hecho uso indebido de las credenciales técnicas de su compañía para tomar parte en el proceso de licitación y que no se había permitido la utilización de estos documentos.
El informe indica que durante la administración de Hugo Beras, los integrantes del comité de compras y contrataciones del Intrant habrían ignorado las opiniones de otros expertos, asegurando de esta manera que Transcore Latam S.R.L. no fuera excluida del proceso de licitación, a pesar de no satisfacer los requisitos requeridos.
Tácticas de espionaje y coacción
La orden de detención señala que las auditorías llevadas a cabo por las autoridades descubrieron que dispositivos destinados a la vigilancia del tráfico, como las cámaras, «se estaban empleando en un plan de espionaje ilegal liderado por José Ángel Gómez Canaán y Carlos Peguero, entre otros. Estas personas emplearon los datos recolectados para coaccionar a los ciudadanos, lo que constituye una seria infracción a la seguridad pública y la privacidad.
