Sin avances contundentes en grandes casos de corrupción
Con más de cuatro años en los tribunales, los cuatro grandes procesos por corrupción administrativa que se imputa a exfuncionarios del pasado gobierno del expresidente Danilo Medina y a parientes del exmandatario avanzan a cuentagotas, lo que ha impedido que se haya emitido una sentencia, ya sea de condena o absolución.
El expediente más antiguo de los cuatro es el que involucra a los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, el cual cumplirá cinco años en los tribunales en noviembre.
A pesar de su antigüedad, este caso es el que presenta mayores avances en comparación con los demás.
Se espera que en junio concluyan las exposiciones de las defensas y del Ministerio Público, tras lo cual las juezas anunciarán la fecha en la que emitirán su decisión, luego de deliberar sobre las solicitudes de las partes.
La estafa atribuida al grupo, que incluye, además al exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; al excontralor general de la República, Rafael Germosén Andújar; al expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa, y a su exvicepresidenta Carmen Magalys Medina Sánchez, asciende a más de 5 mil millones de pesos.
Según la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), el fraude se habría llevado a cabo mediante licitaciones irregulares, en las que resultaban ganadoras empresas vinculadas a Alexis Medina. Además, los libramientos de pagos se habrían emitido de forma ilegal.
Exprocurador
El expediente del grupo de encartados que encabezan los hermanos Medina Sánchez está siendo conocido por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, compuesto por las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yisell Soto.
Estas magistradas también conocen la acusación contra el exprocurador general de la República y otros 14 imputados, el cual a casi un año de dictarse apertura a juicio todavía no ha iniciado por los incidentes presentados.
La nueva fecha programada para que empiece definitivamente el juicio a Jean Alain está pautada para el 23 de junio. Según la Pepca, Rodríguez defraudó al Estado con más de 6 mil millones, principalmente a través del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.
En ambos casos, los jueces de instrucción que conocieron el juicio preliminar condenaron en juicios penales abreviados a algunos imputados, por ejemplo, en el que lidera el exprocurador se sentenció a penas suspendidas a unos 16 señalados y en el de Alexis Medina, al exdirector de la Oisoe Francisco Pagán, quienes devolvieron al Estado cientos de millones de pesos.
Caso de los militares
El proceso que involucra a casi treinta militares y policías, encabezados por el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, y el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general Juan Torres Robiou, también se encuentra en fase de juicio de fondo.
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No obstante, lleva varios meses en la presentación de testigos por parte la Pepca, a la que todavía le falta interrogar 174, para que luego los abogados de los acusados hagan lo mismo con los testimonios a descargo que procuran que el tribunal escuche.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyas juezas son Gisselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes, lleva el juicio de fondo a los militares y policías.
Al igual que el Segundo Tribunal Colegiado, fue excluido del sorteo aleatorio para nuevos expedientes por un período de tiempo “de 15 días hábiles, contados a partir del 6 de mayo” de este año para que avanzaran en la resolución de esos procesos de corrupción y de otros complejos a su cargo.
Guerrero y Castillo
A más de un año de presentarse la acusación contra el grupo que encabezan los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, el juicio preliminar solo lleva una audiencia en la que el Ministerio Público logró empezar a dar lectura al expediente el viernes 2 de este mes, pero no ha podido continuar.
La preliminar está en receso, primero por el fallecimiento de la madre de exdirector del Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, otro de los imputados, y luego por la fractura de una pierna de Marino Enríque Cabrera, también encartado en el proceso.
A los 46 acusados, 34 personas físicas y 12 empresas, se les señala de pagos irregulares en terrenos declarados de utilidad pública y sobornos en la campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). También se le imputa la extorsión a través de bancas de apuestas.
Según la Pepca, el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras y José Ángel Gómez Canaán (Jochi), este último contratista del Estado, forman parte de una presunta red de corrupción y crimen organizado.
Por el caso, también son imputados los exfuncionarios del Intrant Frank Díaz, Samuel Gregorio Baquero, Pedro Vinicio Padovani Báez, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero.
Según abogados consultados, que pidieron no ser citados por sus nombres, el Ministerio Público (MP) tiene hasta el mes de junio para presentar la acusación en este caso declarado complejo porque el tiempo máximo es de ocho meses a partir de la medida coerción que se les dictó el 10 de octubre, que fue de prisión preventiva y se les varió días después a libertad condicional a todos.
Afirmaron que la ley permite que el MP solicite una prórroga, después de haber transcurrido los ocho meses, pero ese plazo que se le otorgaría no puede exceder los “de cuatro meses”.
