Solo 122 personas han usado el grillete electrónico por su costo
Si el Estado dominicano sufragara el alto costo de los localizadores electrónicos disminuiría su precio y aumentaría su uso por parte de los procesados, cuyo número, desde que la empresa suplidora empezó a instalarlos en el 2017, no supera los 122 beneficiarios.
El Ministerio Público (MP) no corre con ningún gasto, todo es cubierto por el imputado, pero tampoco «recibe contribuciones o aportaciones económicas».
«La prestadora del servicio, privada, es la que recibe de manera directa la remuneración económica», afirma la Procuraduría General de la República (PGR), en un documento enviado.
Según el exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, en cuya gestión se firmó el contrato con la empresa que los vende a los procesados, y el excomisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, lo «ideal» es que el Estado asuma el costo de los dispositivos.
Entienden que, de ser asumido por las autoridades, el número de beneficiarios aumentarían y por ende su precio descendería.
Chey Rodríguez, fundador de Fennix Global Technologies, empresa a la que pertenece MonitoReos Dominicana, que suple los dispositivos electrónicos, corrobora lo declarado por Domínguez Brito y Moscoso Segarra.
Rodríguez dice que existen modelos de negocios donde si el Estado paga el gasto mensual por las tobilleras, su precio disminuye a la mitad. «Obviamente con un volumen significativo como otros de nuestros clientes», explica.
Presos preventivos
Uno de los beneficios que se atribuyó en un principio a los grilletes era que descendería el número de preventivos en las cárceles, el cual el pasado mes de diciembre, según la Dirección General de Servicios Penitenciarios, ascendía al 58.2 por ciento del total de reclusos, es decir 14,811, del total de 25,436 internos. Los sentenciados son 10,625.
El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín, dice que la población carcelaria incluye 500 enajenados mentales.
El localizador electrónico regularmente se impone en el país junto con el arresto domiciliario para asegurar que el imputado se mantenga en la dirección que aporta a las autoridades judiciales, pero sigue siendo una prisión, aclara el penalista Robinson Reyes y quien representa a imputados de varios casos de corrupción.El costo incluye 18 por ciento de impuesto
En la actualidad, la División Nacional de Localizadores Electrónicos, utiliza un contrato tripartito en el cual figuran «el representante de la compañía prestadora del servicio y el representante del Ministerio Público», informó a Diario Libre la Procuraduría General de la República.
Explica que el contrato establece que la compañía se compromete a colocar el brazalete electrónico al monitoreado por un costo «no mayor de quince dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 00/100 (US$15.00) diarios, lo que suma cuatrocientos cincuentas dólares mensuales».
El precio mensual con impuestos aumenta a 531 dólares, de los que US$81 corresponden a impuestos.El imputado debe hacer un depósito al firmar el convenio de US$500 que «serán devueltos al concluir la medida de coerción. También debe saldar tres meses, de US$531 por cada mes por adelantado que requiere la compañía. El precio aumenta si es fuera de la ciudad.»El registro cuesta 500 dólares en el área metro (metropolitana), 650 en el interior», señaló Rodríguez en una anterior entrevista.
Moscoso Segarra afirma que mantener un recluso en la cárcel es mucho más costoso. Según Domínguez Brito, el uso de los grilletes y el arresto domiciliario debe ser un proceso que sustituya en gran medida la prisión en una cárcel, no solo de manera preventiva sino también en algunos casos de sentencia irrevocable, en casos que los condenados no representen un peligro. Recomienda que se destine el dinero de la multa para financiar los equipos, así como un porcentaje de los bienes decomisados por lavado de activos.
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Cualquier imputado
Moscoso Segarra, quien también fue fiscal del Distrito Nacional y juez de la Suprema Corte de Justicia, explica que la finalidad de los grilletes, contemplados en el Código Procesal Penal, «es que se pueda imponer a cualquier persona como en otros países».
Mayoría se ha impuesto en Santiago
Según la Procuraduría General de la República (PGR), del total de las 122 tobilleras que se han instalado desde el 2017, 64 corresponden a Santiago, es decir, más del 52 %. De esa cantidad, 38 se colocaron a procesados del Distrito Nacional (DN).
El documento facilitado cita que en el 2018 los jueces solo dispusieron cuatro localizadores y fue en el DN. En el 2019 fue uno e igualmente en esa jurisdicción.
Después del 2020, la mayoría se instalan en la provincia de Santiago, con seis de los siete que se utilizaron en los procesados; en el 2021, diez de los veinte que se impusieron; en el 2022, 26 de los 39 y en el 2023, 21 de los 50. En ese último año, en el DN se colocaron 18. La empresa informó la semana pasada que 104 imputados tienen actualmente esa tecnología puesta en sus pies para que no violen el perímetro al que deben circunscribirse.
