Toda la verdad sobre SeNaSa y la postura del presidente Abinader

Nueva York: En medio del ruido y la desinformación, la primera obligación del periodismo es separar dato de opinión. En el caso SeNaSa, los hechos verificados son claros. El 17 de agosto de 2025, el presidente Luis Abinader sustituyó a Santiago Hazim y designó a Edward Rafael Guzmán Padilla como nuevo director mediante el decreto 461-25. No fue un gesto cosmético,  ocurrió en un contexto de versiones de déficit y de preocupaciones sobre la gobernanza de la entidad. 

El presidente instruyó el envío de un informe técnico con hallazgos de irregularidades a la Procuraduría. Y lo acompañó con un mensaje inequívoco a sus funcionarios, “puedo tener amigos, pero jamás cómplices”. No hay ambigüedad aquí, sino que hay trazabilidad institucional y rendición de cuentas hacia el Ministerio Público. 

SeNaSa contrató una auditoría integral que abarcará 2018–2024, 27 departamentos y un cronograma de 25 semanas. Esa decisión, perfectible como toda política pública, es el estándar mínimo para transparentar procesos, distinguir errores administrativos de posibles ilícitos y, sobre todo, blindar el régimen subsidiado. 

Frente a estos hechos, han circulado versiones y frases atribuidas  al exdirector de SeNaSa que no cuentan con respaldo documental ni publicación en medios de referencia. La ética manda ser tajantes. Una afirmación extraordinaria requiere evidencia extraordinaria. Mientras no exista un registro verificable, video, transcripción oficial o nota periodística seria, estamos ante material no corroborado.

En cambio, lo que sí está documentado es que la Procuraduría Especializada pidió a la periodista Nuria Piera las emisiones pertinentes para sustentar indagatorias, justo como debe ocurrir en un Estado que investiga con base en pruebas y no en especulaciones. 

Por eso, este artículo hace un desmentido, después de una investigación,  no hay base sólida para convertir rumores en conclusiones sobre supuestos “mensajes” o advertencias atribuidas a terceros. Convertir las redes en expediente es un atajo peligroso. Lo honesto, lo profesional, es atenerse a lo comprobable, que es el cambio de mando en SeNaSa, el envío del informe a la Procuraduría y la auditoría en curso. Todo lo demás es ruido.

Defender la postura del presidente en este punto no es un acto de fe, sino de método. Sustituir al incumbente, remitir hallazgos al Ministerio Público y abrir auditorías son acciones coherentes con la promesa de no tolerar impunidad “por amigos que sean”. La conversación pública debe ponderar esos hechos antes de ceder a la tentación de narrativas convenientes para quienes, desde trincheras mediáticas abiertamente militantes, prefieren instalar sospechas sin someterse a la disciplina de la evidencia. 

Nota a los colegas y lectores

La mejor vacuna contra la desinformación es un protocolo sencillo de verificación. Uno, corroborar en fuentes primarias (decretos, comunicados oficiales, depósitos ante la Procuraduría). Dos, contrastar en medios con estándares editoriales reconocibles. Tres, distinguir claramente entre denuncia periodística y prueba judicial. La primera abre preguntas; la segunda las responde. Y cuatro, exigir que toda acusación tenga fecha, documento y responsable, no solo una frase viral sin autor identificable. 

Con SeNaSa bajo la lupa, la ciudadanía merece menos eslóganes y más datos. Si de verdad nos preocupa la integridad del sistema de salud y la protección de los más vulnerables, entonces el camino no es la agitación a golpe de “clips” descontextualizados, sino el seguimiento riguroso al proceso compuesto por auditoría publicada, eventuales imputaciones si las hubiere y, en paralelo, reformas de control para que las irregularidades, comprobadas, no inventadas, no se repitan. Ese es el terreno donde debe librarse este debate; y, hasta ahora, es exactamente ahí donde el Poder Ejecutivo ha decidido situarlo.

Desacreditar informaciones sesgadas no es silenciar la crítica; es exigir que la crítica sea honesta. La agenda política es legítima cuando se reconoce como tal. Lo que no es legítimo es vestir de “hecho” lo que no pasa de ser consigna. En democracia, el desmentido también es un servicio público.