Transparencia Electoral acusa a Leonel Fernández de «legitimar el fraude electoral» en Venezuela
La organización Transparencia Electoral acusó a cien invitados internacionales, incluyendo al expresidente dominicano Leonel Fernández, de viajar a Venezuela con la finalidad de “legitimar el fraude electoral“.
La organización indicó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, utilizó una táctica de regímenes antidemocráticos al convocar a cientos de militantes de partidos afines al Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a actividades particulares faltando pocos días de las elecciones para luego extenderle la invitación para que pasen a ser “observadores“, “visitantes”, “veedores” o “acompañantes” de los comicios.
El organismo dijo que, con la presencia de cientos de observadores internacionales en las elecciones, Maduro buscó dar legitimidad a los comicios del 28 de julio, considerados fraudulentos y que estos son “falsos observadores”.
“Realmente eran militantes que viajaron para apoyar su reelección y contribuir con una narrativa de normalidad en el contexto electoral, a pesar de las graves irregularidades que marcaron el proceso”, reza el informe de la entidad.
En documento que colgó en su portal web, Transparencia Electoral dice que el gobierno venezolano tuvo 635 observadores electorales y que gran parte inicialmente viajaron a Venezuela para participar en el encuentro “II Alternativa Social Mundial: la organización de los pueblos es un factor para la autodeterminación”, organizado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).
Trasparencia Electoral hace mención de al menos cien de esos militantes que participaron supuestamente como falsos observadores. En la lista en la que figura Leonel Fernández, también destaca la presencia del expresidente de Colombia, Ernesto Samper y de miembros de partidos comunista, de izquierda y de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguay, España, entre otros.
Transparencia Electoral señala que antes, durante y después de las elecciones muchos de estos “militantes” se mostraron activos en sus redes sociales “asegurando que se trataba de unas elecciones que cumplían con los estándares democráticos, aunque la mayoría de ellos no podían ocultar su apoyo a Maduro“.
Crisis postelectoral
La crisis postelectoral de Venezuela se originó luego de las presidenciales del 28 de julio en las que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Nicolás Maduro sin presentar las actas electorales que legitimen ese triunfo.
Por el contrario, la oposición Venezuela sí presentó las actas en las se establece que el opositor Edmundo González Urrutia fue el candidato ganador de las elecciones con el 67 % de los votos frente a Maduro que figura en sus documentos solo con el 30 %. Estos datos fueron informados con el 83.5 % de las actas incrustadas de acuerdo a los reportes de los testigos electorales de la oposición.
Tras 22 días de las elecciones venezolanas, el CNE no ha presentados las controvertidas actas.
Transparencia Electoral indicó que “la labor de los falsos observadores contribuye a la prolongación del conflicto que ha dejado como saldo al menos 24 asesinatos, más de mil detenidos, muchos de ellos constituyendo casos de desapariciones forzadas, y priva al país de la posibilidad de una transición hacia la democracia“.
Prosiguió: “Desde Transparencia Electoral instamos a los países democráticos a no acreditar bajo la figura de observadores, veedores o acompañantes electorales a los falsos observadores anteriormente identificados, y a establecer filtros de selección y códigos de conducta estrictos para quienes pretendan ejercer la labor de observación electoral”.
Transparencia Electoral
Transparencia Electoral es una organización que promueve los valores democráticos y desarrolla acciones para fomentar la celebración de elecciones bajo los estándares de integridad internacionalmente reconocidos. Tiene distintos programas que buscan visibilizar las amenazas al sistema democrático, perfeccionar los procesos electorales y capacitar a funcionarios electorales, integrantes de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil en buenas prácticas electorales.