Tres dominicanos podrían ser ejecutados en EEUU después que Trump reinstauró pena de muerte

NUEVA YORK._ Los dominicanos Andrés Fernández (Andy), Humberto Pepín Taveras (Tony) y Gilberto Gil Caraballo, que usaba los nombres de Anthony Rodríguez y Carlos, podrían ser ejecutados en Estados Unidos, con las opciones de la silla eléctrica, la cámara de gas y la inyección letal, dependiendo de en cuáles estados se ejecute la pena de muerte contra ellos.
La posibilidad de que los tres, vayan al Pabellón de la Muerte, mientras el ex pelotero de Arizona, Fabio Gómez espera ser ejecutado en una cárcel de Texas, cobró fuerza la semana pasada cuando el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Justicia, restablecer la pena capital, medida que está siendo enfrentada por defensores de los derechos civiles, grupos contra la ejecución y congresistas como el dominicano Adriano Espaillat.
Fernández, Pepín Taveras y Caraballo, fueron declarados culpables separados por delitos de asesinatos en primer grado vinculados al narcotráfico, sicariato y un atraco a mano armada en el que Fernández, según los fiscales, asesinó a un reconocido comerciante de origen italiano en Brooklyn.
Todos, fueron enjuiciados en fechas distintas en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn (Nueva York), donde los fiscales que representaron al Gobierno de Estados Unidos, pidieron a los jueces condenados a la pena capital.
Pero para ese entonces, la sentencia de muerte, había sido ya suspendida por la Suprema Corte de Justicia, decisión que duró 20 años vigente, hasta que Trump, la revirtió.

ANDY FERNÁNDEZ
Los fiscales de la Corte Federal del Distrito Este con sede en Brooklyn, pidieron la pena de muerte para ejecutar a Fernández, acusado de asesinar a tiros al copropietario de la pizzería “Spumoni Gardens”, Louis Barbati, a quien mató durante un intento de atraco fallido el 30 de junio de 2016, fue arrestado el 3 de noviembre de 2017. Los fiscales federales dijeron que las circunstancias agravantes del hecho cometido por Fernández, es un delito federal al que se le aplica la pena de muerte en la cámara de gas o por inyección letal.
Avrom Robin, el abogado que originalmente lo representó durante su comparecencia, fue excluido del caso y sustituido por el jurista Steven Brounstein, un veterano especialista en casos de penas de muertes elegibles.
Fernández, asesinó a Barbati, de quien se dijo era miembro de la mafia, frente a su casa el sector de Dyker Heights de Brooklyn, cuando llevaba con una hogaza de pan y $15.000 dólares en efectivo.
Fernández, se dio a la fuga sin poder robarse el dinero, de acuerdo con el expediente.
Fue grabado en un video de una cámara de vigilancia que lo captó asesinando a Barbati y su teléfono celular fue rastreado hasta el lugar de los hechos y fuera del vecindario Gravesend, ese mismo día, dijeron los fiscales federales.

PEPÍN TAVERAS
Fue declarado culpable de conspiración, asesinatos en primer grado por los homicidios de José Rosario y Carlos Madrid, y sicariato, vinculados con el negocio de narcotráfico que lideraba.
Los fiscales federales lo califican de “carnicero despiadado”.
Fue declarado culpable por el jurado federal en la Corte del Distrito Este en Brooklyn, por dos homicidios voluntarios contra sendos rivales en bandas de narcotráfico, posesión criminal de armas de fuego, conspiración, lavado y reentrar ilegalmente a los Estados Unidos, y la fiscalía pidió la pena de muerte para que sea ejecutado con inyección letal.
El juicio fue dirigido por el veterano juez federal Jack Brand Weinstein, que se puso de acuerdo con los fiscales en cuanto a cuál pena tenían legítimo derecho a pedir, aunque una corte de apelación rechazó previo al juicio que la fiscalía incluyera un caso de violación sexual a una menor cometido y admitido en una carta que envió Taveras Pepín a un detective de Yonkers desde la cárcel en la que le suministra detalles sobre el crimen contra la muchacha que sólo es identificada en los papeles de la corte por el apellido Méndez.
Según el magistrado que llevaba 58 años en ejercicio y se retiró pero fue requerido por el Departamento de Justicia para encabezar ese juicio, “la historia de la pena capital en Nueva York, abre un pequeño chance de que el señor Pepín Taveras pueda ser ejecutado”.
A pesar de cientos de mociones presentadas por el abogado defensor Lou Freeman que representa al dominicano para evitar que la corte aprobara la petición de ejecución los magistrados decidieron que es admisible dadas las evidencias con que cuenta la fiscalía y el carácter de alta peligrosidad futura de Pepín Taveras que seguiría siendo en caso de dejarlo vivir y estar de nuevo en las calles, una seria amenaza para la seguridad pública y las vidas de otros.
Entre los alegatos de los fiscales, fue presentado el largo prontuario criminal de Pepín Taveras quien fue sentenciado en 1997 en la Corte Suprema de El Bronx por secuestro, sodomía y violación sexual contra Méndez.
Cumplió sólo 9 meses en la cárcel y fue deportado a la República Dominicana. En su expediente fichado con el número 04-CR-156 se explica que después de ser repatriado, el criollo regresó ilegalmente a los Estados Unidos reintegrándose al narcotráfico, al bajo mundo, al crimen organizado y posteriormente cometió los asesinatos contra Rosario y Madrid.
Al primero, después de asesinarlo, lo descuartizó tirando los restos del cadáver en el río Tibbets Brooks de Yonkers, un suburbio que colinda con el condado de El Bronx. Por ese crimen fue acusado en la corte federal del condado de Weschester y sentenciado por la jueza Barbara Zambelli. Su presentación en corte ocurrió en julio del 2003, en la que se declaró inocente de los cargos.
Otra de sus víctimas fue el afro americano Jonathan Bandler a quien también desmembró. Luego de matar a Madrid, Pepín Taveras, metió el cuerpo dentro del carro del muerto y le prendió fuego en un área desolada de Queens.
En varias mociones, los fiscales insistieron en que se permitiera al Gobierno de Estados Unidos solicitar la pena de muerte contra el dominicano arguyendo que ellos tienen como apoyo a sus pruebas un estatus de factor agravante y peligrosa criminalidad futura.
El primer aviso sobre la intención de pedir la pena capital fue sometido ante la corte el 20 de octubre del 2005 y después de someter varias otras, los fiscales dijeron claramente que el Gobierno seguirá buscando la pena de muerte en el caso de Pepín Taveras.

GILBERTO GIL CARABALLO
La condena de Caraballo (Tony) fue dictada luego de un largo juicio en el que el Gobierno solicitó, pero no obtuvo, penas de muerte por los asesinatos de José Fernández y Eduardo Cortés.
Caraballo fue acusado de matar a Fernández mientras cometía un delito punible en virtud del artículo 841 (b) (1) (A) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, específicamente, una conspiración para distribuir cinco kilos o más de cocaína y cincuenta gramos o más de crack, que lo hace elegible para ser ejecutado.
Los abogados de Caraballo no cuestionan la suficiencia de la evidencia que respalda su convicción sobre la conspiración de narcóticos subyacente, ni podían hacerlo.
La evidencia demostró de manera abrumadora que entre enero de 1989 y diciembre de 2001, Caraballo y varios cómplices, entre ellos Quincy Martínez, Martín Aguilar, Armando Molina y Eric Rosario, conspiró para poseer y distribuir grandes cantidades de cocaína y crack.
La evidencia demostró además que Caraballo era el proveedor mayorista de la conspiración, que proporcionaba las drogas a través de ventas directas o en consignación (crédito) a sus cómplices, que vendían y organizaban la venta de los narcóticos en las calles, principalmente en el vecindario de Sunset Park en Brooklyn.
Entre las personas a quienes Caraballo suministraba drogas estaba Molina, que en varias ocasiones empleó a Martínez, Rosario y Fernández como micro distribuidores a nivel de calle. Después de una pelea con Molina, Caraballo comenzó a suministrar drogas a Fernández a consignación.
Caraballo también suministró drogas a crédito al coacusado Aguilar y al cómplice de Aguilar, Jeffrey Taylor.
Caraballo dejó de suministrarle drogas a Aguilar en septiembre de 2000 después de que Aguilar no le pagó sus deudas y, junto con Taylor, robó a uno de los cómplices de drogas de Caraballo, por lo que lo asesinó.