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Tribunal de Barahona conoce hoy amparo busca regidores suspendan síndico de Jaquimeyes

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La Cámara Civil y Comercial de Barahona conocerá este martes un recurso de amparo contra el Concejo de Regidores del ayuntamiento de Jaquimeyes, que busca ordenar la realización de sesión para suspender el alcalde Carlos Valentín Bautista, mejor conocido como Carlitos Pollo, condenado a tres años de prisión por la Suprema Corte de Justicia.

La audiencia será conocida en la Segunda Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de Barahona, luego de que fuera aplazada el pasado 23 de marzo, a solicitud del abogado del alcalde Carlitos Pollo, alegando que no tenía tiempo de estudiar el expediente.

El recurso de amparo fue incoado por la institución Rescate democrático y su abogado Yan Carlos Martínez, confía en que este martes fallará a favor de la institucionalidad y que los regidores acaten la sentencia de la SCJ.

Hace más de un mes que los concejales aprobaron la no suspensión del síndico, quien fue condena a tres años de cárcel y cinco años de inhibición para ocupar cargos públicos, el 12 de enero de tres meses.

La ejecución de la condena está suspendida debido a que Carlitos Pollo depositó un recurso de casación que deberá conocer la propia SCJ, pero que no impide que sea suspendido conforme lo establece el Artículo 63 de la Ley 176-07, sobre el Distrito Nacional y los Ayuntamientos.

La sentencia de la SCJ contra el alcalde Bautista fue firmada por los jueces de la Segunda Sala Penal: Francisco Jerez Mena, Frank Soto, Francisco Ortega Polanco y María Garabito.
La SCJ acogió el pedido del Ministerio Público de rechazar la nulidad  solicitada por el imputado y que se ratificara la condena emitida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, en grado de jurisdicción privilegiada.

La SCJ ratificó la sentencia de tres años de cárcel, por corrupción, al alcalde por Jaquimeyes (provincia Barahona), Carlos Valentín Batista, quien recientemente se juramentó en el Partido Revolucionario Moderno.

La sentencia también implica el pago de una multa por dos millones de pesos y cinco años inhabilitado para ejercer funciones públicas.

El edil apeló la sentencia con por ante la SCJ, que conoció el caso el 30 de noviembre del 2022, pero publicó el dictamen el 12 de enero del 2023 (sentencia 001-022-2022-REAP-00002).

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