Tribunales de Massachusetts y Rhode Island ordenan a Trump reactivar fondos de SNAP
El jueves 30 de octubre de 2025 y el viernes 31 de octubre, dos tribunales federales, uno en Massachusetts y otro en Rhode Island, dictaron fallos contra la administración Trump, ordenando que el United States Department of Agriculture (USDA) use fondos de contingencia ya asignados para garantizar la continuación del programa SNAP. Uno de los jueces, Indira Talwani, señaló que la suspensión del programa era probablemente ilegal, pues la administración había concluido erróneamente que el fondo de contingencia no podía utilizarse para SNAP.
En Rhode Island, el juez John J. McConnell Jr. ordenó que los fondos de emergencia fueran distribuidos “lo antes posible” para los pagos del 1 de noviembre, y que la administración informe al tribunal sobre su cumplimiento el lunes siguiente.
Ambos tribunales coinciden en que hay fondos ya asignados, aproximadamente 5 mil millones de dólares en el fondo de contingencia y otros 23 mil millones de dólares en reserva adicional, que pueden usarse para mantener los pagos de SNAP a las aproximadamente 42 millones de personas beneficiarias.
Argumentos del tribunal
El tribunal de Massachusetts estableció que la administración estaba basada en una interpretación errónea del estatuto: al declarar que el fondo de contingencia no podía utilizarse para SNAP, el USDA contravino la ley que permite su uso si es necesario para mantener el programa.
El tribunal de Rhode Island fue más enfático, apuntando que el daño irreparable para las familias que dependen del programa ya existía, y que la administración no podía simplemente aplazar los pagos alegando falta de asignación congresional.
En ambas decisiones se ordena a la administración: usar los fondos de contingencia, evaluar transferencias de fondos adicionales si fuera necesario, y comunicar al tribunal un plan concreto de cumplimiento.
Lo que la administración y los estados habían alegado
La administración Trump y el USDA habían argumentado que la ley no les permitía usar los fondos de contingencia destinados a situaciones de desastre natural o emergencias específicas para mantener SNAP durante un cierre del gobierno sin una nueva asignación del Congreso.
Al mismo tiempo, más de 20 estados (incluyendo California y Oregon) habían presentado demandas alegando que la suspensión de los pagos a SNAP era ilegal porque el USDA tenía autoridad y recursos para continuar con el programa.
Implicaciones para los beneficiarios
Aunque la orden judicial exige que se utilicen los fondos, muchos beneficiarios del SNAP podrían experimentar pagos tardíos o reducidos, debido a que las agencias estatales requieren tiempo para recargar las tarjetas electrónicas de los beneficiarios y para ajustar sus sistemas de reparto tras el cierre del gobierno.
Los tribunales han permitido que los estados y la administración determinen si los pagos de noviembre serán parciales o completos, dejando incertidumbre sobre la magnitud del apoyo.
La administración Trump debe presentar al tribunal una explicación sobre cómo y con qué fondos cumplirá el mandato para el programa SNAP antes del próximo lunes.
Las organizaciones de ayuda alimentaria, los estados y los defensores de los derechos de los beneficiarios continúan monitoreando la situación ante la posibilidad de que el gobierno presente apelaciones o retrase el cumplimiento técnico de la orden judicial
