Trump aumenta la presión sobre “jurisdicciones santuario”
Este jueves, el departamento publicó una lista de estas jurisdicciones y anunció que cada una recibirá una notificación formal en la que el Gobierno las declara no conformes, e indicará si se considera que violan alguna ley penal federal. La lista fue publicada en el sitio web del departamento.
“Estos políticos de ciudades santuario están poniendo en peligro a los estadounidenses y a nuestras fuerzas del orden para proteger a extranjeros ilegales criminales y violentos”, dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem, en un comunicado.
La administración de Trump ha atacado repetidamente a comunidades, estados y jurisdicciones que, según afirma, no colaboran lo suficiente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en su esfuerzo por cumplir la promesa de campaña de Trump de expulsar a millones de personas que están en el país ilegalmente.
La lista se elaboró considerando varios factores, como si las ciudades o localidades se identifican como jurisdicciones santuario, el nivel de cooperación con las autoridades federales migratorias, si existen restricciones para compartir información con ICE o si cuentan con protecciones legales para personas en situación migratoria irregular, de acuerdo con el departamento.
Trump firmó un decreto el 28 de abril que exige a la secretaria de Seguridad Nacional y a la secretaria de Justicia publicar una lista de estados y jurisdicciones locales que consideren que obstruyen las leyes migratorias federales. La lista debe actualizarse regularmente.
Los departamentos y agencias federales, en coordinación con la Oficina de Administración y Presupuesto, deberán identificar subvenciones o contratos federales con esos estados o jurisdicciones locales identificados como “jurisdicciones santuario” y suspender o cancelar esos fondos, según el decreto.
Si las “jurisdicciones santuario” son notificadas y la administración de Trump determina que “siguen en desacato”, la secretaria de Justicia y la secretaria de Seguridad Nacional están facultadas para buscar los “remedios legales y medidas de cumplimiento” que consideren necesarios para lograr su cooperación.
No existe una definición legal específica de lo que constituye una “jurisdicción santuario”. El término suele referirse a agencias policiales, estados o comunidades que no cooperan con la aplicación de las leyes migratorias.
ICE aplica las leyes migratorias a nivel nacional, pero a menudo busca la ayuda de autoridades estatales y locales para alertar a las autoridades federales sobre inmigrantes buscados para deportación y retener a esas personas hasta que los agentes federales asuman la custodia.
Una forma en que la administración busca el apoyo estatal y local es a través de acuerdos 287(g) con agencias policiales locales, que les permiten asumir algunas funciones de control migratorio y amplían considerablemente la capacidad de ICE. El número de estos acuerdos se ha disparado en pocos meses bajo el Gobierno de Trump.
ICE cuenta con unos 6.000 agentes, una cifra que se ha mantenido estable durante años, que pueden localizar, arrestar y deportar a los inmigrantes que tiene como objetivo. Al apoyarse en las fuerzas del orden locales, puede aumentar rápidamente el personal disponible para ejecutar la agenda de deportaciones masivas de Trump.
Las comunidades que no cooperan con ICE suelen argumentar que así los inmigrantes se sienten más seguros para denunciar delitos o ser testigos. Además, sostienen que la aplicación de la ley migratoria es una tarea federal y que deben enfocar sus recursos limitados en combatir el crimen.
El Gobierno de Trump ya ha tomado varias medidas contra estados y comunidades que no cooperan con ICE, y ha enfrentado resistencia en los tribunales. Un decreto de Trump instruye a la secretaria de Justicia y a la secretaria de Seguridad Nacional a retener fondos federales a las jurisdicciones santuario. Otra orden exige que las agencias federales aseguren que los pagos a gobiernos estatales y locales no “fomenten políticas ‘santuario’ que buscan proteger a extranjeros ilegales de la deportación”.
