Trump autoriza tropas para Chicago mientras juez frena despliegue en Portland
Washington, DC: El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 300 efectivos de la Guardia Nacional en Chicago para proteger a agentes federales y dependencias del gobierno, después de que un agente del Border Patrol disparara contra una mujer en medio de un operativo que derivó en enfrentamientos con manifestantes.
El anuncio se produjo al tiempo que un juez federal en Oregon bloqueó temporalmente el intento del gobierno de Trump de desplegar 200 tropas en Portland, en medio de un litigio presentado por autoridades del estado que calificaron la medida como una extralimitación inconstitucional.
En Chicago, la Casa Blanca defendió la medida como necesaria frente a episodios de “anarquía” e inseguridad en ciudades bajo gobiernos demócratas. (“President Trump will not turn a blind eye to the lawlessness plaguing American cities”, comunicó la vocera Abigail Jackson).
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, criticó el despliegue como innecesario y motivado políticamente, calificándolo de “performance manufacturada” más que una acción real para proteger la seguridad urbana.
Mientras tanto, en Portland, la jueza Karin Immergut, nombrada en un primer mandato de Trump, emitió una orden de restricción de carácter temporal que impide la ejecución de la movilización hasta que se resuelvan los argumentos legales del caso. En su decisión sostuvo que las protestas recientes en Portland no alcanzan el nivel de violencia o desorden que justifique la militarización federal.
El fallo marca un revés al estilo del gobierno de Trump, que desde antes ha desplegado fuerzas federales en ciudades democráticas como Los Ángeles y Washington, generando múltiples desafíos legales y denuncias de abuso del poder militar en el ámbito civil.
El gobierno ya ha anunciado que apelará la decisión en Portland, al tiempo que intensifica sus esfuerzos por consolidar presencia federal en ciudades que considera “fuera de control”.
Este episodio pone en evidencia el choque entre las competencias federales y el derecho de los estados a controlar su seguridad interna, una tensión que podría tener implicaciones jurídicas de largo alcance para el uso del poder ejecutivo en movilizaciones militares domésticas.
