Trump declara la guerra a los cárteles, Congreso cuestiona la legalidad de la ofensiva
Washington, DC: En un giro sin precedentes en la política antidrogas de Estados Unidos, el presidente Donald Trump notificó al Congreso que el país se encuentra en un “conflicto armado no internacional” contra los cárteles de la droga, una designación que abre la puerta a operaciones militares letales más allá del marco judicial tradicional.
La Casa Blanca argumenta que los cárteles han dejado de ser simples organizaciones criminales para convertirse en combatientes ilegales, lo que según la administración justifica ataques armados en defensa propia y para proteger a la nación. En las últimas semanas, buques de la Marina estadounidense atacaron embarcaciones en el Caribe acusadas de transportar drogas hacia territorio estadounidense. Varias personas murieron en estas operaciones, lo que aceleró el debate sobre los límites de la autoridad presidencial.
Un frente militar contra el narcotráfico
En su memorando al Congreso, Trump aseguró que los cárteles representan una amenaza similar a la de grupos terroristas y que las agencias federales deben tener manos libres para responder con fuerza. “No se trata solo de drogas, se trata de proteger a nuestras familias de organizaciones armadas y violentas que atacan a Estados Unidos todos los días”, afirmó.
La declaración fue presentada como una medida de defensa nacional, aunque expertos en derecho internacional advierten que equiparar a cárteles con ejércitos enemigos rompe con el marco legal vigente y podría violar convenciones internacionales.
La reacción en el Congreso no se hizo esperar. Legisladores demócratas y republicanos expresaron preocupación por la ausencia de una autorización de guerra formal. El senador Jack Reed advirtió que “el Presidente no ha presentado pruebas suficientes ni una justificación creíble para declarar una guerra encubierta”. Otros legisladores cuestionan si Trump está utilizando la lucha contra el narcotráfico como herramienta política en año electoral.
Además, organizaciones de derechos humanos alertan que este enfoque militar podría criminalizar aún más a comunidades migrantes y latinas, que ya cargan con el peso de la guerra contra las drogas iniciada hace décadas.
La ofensiva militar contra cárteles también amenaza con tensar relaciones internacionales. Países latinoamericanos han sido escenario de operativos de interdicción y temen que Washington ignore la soberanía de sus aguas y territorios. La cancillería de México ha pedido explicaciones formales, mientras que otros gobiernos de la región observan con cautela la expansión del conflicto.
Con esta declaración, la Casa Blanca redefine la guerra contra las drogas como una guerra militar abierta. El paso marca una ruptura con décadas de cooperación policial internacional y plantea un escenario de mayor confrontación.
Mientras tanto, el Congreso enfrenta la disyuntiva de permitir que Trump continúe sin restricciones o imponer límites a sus acciones bélicas. La pregunta que flota en Washington es clara: ¿se trata de una verdadera estrategia de seguridad o de un nuevo frente político que reconfigurará la relación de Estados Unidos con América Latina y sus propias comunidades más vulnerables?
