Trump exige a la Corte Suprema decidir si puede poner fin a la ciudadanía por nacimiento.
Washington, D.C. La administración del presidente Donald Trump solicitó formalmente a la Corte Suprema de Estados Unidos que analice la constitucionalidad de su orden ejecutiva destinada a eliminar la ciudadanía automática para los nacidos en territorio estadounidense bajo ciertas condiciones. Con la orden firmada el 20 de enero de 2025, Trump intenta que los hijos nacidos en EE. EE. UU. no obtengan automáticamente la ciudadanía si al menos uno de los padres no es ciudadano ni residente permanente legal.
En sus escritos a la Corte Suprema, el gobierno sostiene que la interpretación tradicional de la 14.ª Enmienda —que concede ciudadanía a casi todo individuo nacido en EE. UU. ha sido errónea cuando se trata de hijos de inmigrantes indocumentados o de visitantes temporales. Desde su promulgación, la orden ha sido bloqueada en múltiples tribunales federales mediante injoncciones preliminares que impiden su aplicación.
Un juez del distrito en New Hampshire, Joseph Laplante, dictó una medida nacional que impide la aplicación de la orden para una clase amplia de posibles afectados. En junio de 2025, la Corte Suprema emitió una decisión que limita la capacidad de los tribunales inferiores para emitir bloqueos de alcance nacional (“universal injunctions”), aunque dejó sin resolución la constitucionalidad del cambio a la ciudadanía por nacimiento.
Con los escritos recientes, la administración Trump pide que la Corte Suprema revise las decisiones de tribunales inferiores que invalidaron la orden, determine si los jueces tienen autoridad para emitir bloqueos que afectan todo el país y resuelva de una vez por todas si la interpretación de la 14.ª Enmienda permite restringir la ciudadanía por nacimiento en los términos propuestos por Trump.
El fallo que dicte la Corte Suprema podría transformar radicalmente cómo se define la ciudadanía en Estados Unidos. Si se aceptara la versión más restrictiva de Trump, podría afectar a cientos de miles de nacimientos anuales de hijos de inmigrantes. Por otro lado, los opositores advierten que una decisión así socavaría derechos protegidos por la Constitución y pondría en riesgo la igualdad ante la ley para las personas nacidas en suelo estadounidense. Asimismo, el caso podría definir nuevos límites para el poder ejecutivo —si un presidente puede modificar un derecho tan fundamental mediante orden ejecutiva— y replantea el papel de los tribunales federales frente a estas decisiones políticas.
