Trump expropiará tierras agrícolas a ciudadanos chinos mediante orden ejecutiva
Washington, DC: El gobierno de Estados Unidos anunció hoy un ambicioso plan federal para frenar la adquisición de tierras agrícolas por parte de entidades extranjeras vinculadas a países adversarios, con especial atención en China. La medida, impulsada por el Departamento de Agricultura bajo la administración de Donald Trump, busca proteger la seguridad nacional y la soberanía alimentaria del país ante lo que se considera una amenaza creciente vinculada a intereses estratégicos del Partido Comunista Chino.
El plan, denominado National Farm Security Action Plan, prohíbe nuevas compras de terrenos agrícolas por parte de empresas o individuos de países considerados hostiles, como China, Rusia, Irán y Corea del Norte. También contempla la posibilidad de revertir adquisiciones previas mediante una orden ejecutiva que estaría en preparación. Según datos oficiales, entidades chinas poseen actualmente entre 265,000 y 300,000 acres de tierras agrícolas en Estados Unidos, muchas de ellas ubicadas cerca de bases militares, lo que ha encendido alarmas en los departamentos de Defensa, Justicia y Seguridad Nacional.
Uno de los casos más emblemáticos es el del empresario chino Sun Guangxin, quien adquirió más de 130,000 acres en Texas, a corta distancia de la base Laughlin de la Fuerza Aérea y esto se repite por todo el país. Otro ejemplo que generó preocupación fue la compra de terrenos en Dakota del Norte por parte del grupo Fufeng, a solo 12 millas de la base Grand Forks, especializada en vigilancia de satélites y operaciones con drones. Autoridades federales consideran que estas ubicaciones no son casuales, sino parte de una estrategia que podría incluir espionaje, vigilancia tecnológica o interferencias en la infraestructura crítica del país.
Además de bloquear nuevas adquisiciones, el plan contempla revisar más de 700 contratos de investigación agrícola con entidades extranjeras, la mayoría con vínculos a China. Según declaraciones de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, se han identificado proyectos que podrían comprometer la bioseguridad nacional, incluyendo el ingreso intencional de agentes patógenos en cultivos estadounidenses.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la fiscal general, Pam Bondi, respaldaron el plan y advirtieron que estas adquisiciones podrían servir como plataformas de inteligencia para actores extranjeros. Por su parte, la administración federal anunció que las multas por omitir el reporte de compras extranjeras de tierras podrían alcanzar hasta el 25 por ciento del valor de mercado de la propiedad.
Varios gobernadores, principalmente de estados del sur y medio oeste como Texas, Tennessee, Arkansas y Nebraska, han respaldado la medida federal tras impulsar restricciones similares a nivel local. También se han presentado iniciativas legislativas en el Congreso, como el Farmland Act y el Agricultural Risk Review Act, que fortalecerían la capacidad del gobierno para monitorear y revertir este tipo de adquisiciones.
Aunque las tierras en manos de entidades chinas representan una fracción menor del total agrícola del país, el énfasis de la administración no está puesto en la cantidad, sino en la ubicación estratégica de esas propiedades. La preocupación se centra en la posibilidad de que estas adquisiciones sirvan como puntos de observación o intervención en actividades militares y tecnológicas clave para la seguridad de Estados Unidos.
Con esta acción, el gobierno busca reafirmar su compromiso con la protección del territorio, la defensa de los recursos agrícolas y el control sobre el suministro de alimentos en manos exclusivamente estadounidenses. La orden ejecutiva correspondiente podría firmarse en los próximos días, marcando un punto de inflexión en la política nacional sobre propiedad extranjera de tierras agrícolas.
