Trump pide a la Corte Suprema retirar el TPS a venezolanos y pone a 350,000 personas al filo de una deportación

El Departamento de Justicia pidió al máximo tribunal que suspenda el fallo de un juez federal en San Francisco que mantuvo vigente este TPS, después de que el presidente ordenara su revocación y finalización para finales del pasado mes de abril.
Una corte federal de apelaciones había rechazado previamente la solicitud del gobierno.
Las protecciones estaban programadas para expirar el 7 de abril por orden del gobierno, pero el juez de Distrito federal Edward Chen ordenó una pausa en esos planes.
Concluyó que la expiración amenazaba con interrumpir gravemente las vidas de cientos de miles de personas y podría costar miles de millones en actividad económica perdida.
Chen, quien fue nombrado para el tribunal por el presidente demócrata Barack Obama, determinó que el gobierno no había demostrado ningún daño causado por mantener el programa vigente.
Pero el procurador general D. John Sauer escribió en nombre del gobierno que la orden de Chen interfiere inaceptablemente con el poder del gobierno sobre inmigración y asuntos exteriores.
Además, Sauer dijo a los jueces que las personas afectadas por el fin del estatus protegido podrían tener otras opciones legales para intentar permanecer en el país porque la “decisión de terminar el TPS no equivale a una orden final de deportación” .
Los intentos de Trump por acabar con el TPS
La apelación de emergencia ante el máximo tribunal tuvo lugar el mismo día en que un juez federal en Texas declaró ilegales los esfuerzos del gobierno para deportar a venezolanos bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII. Los casos no están relacionados.
El gobierno de Trump ha tomado medidas para retirar diversas protecciones que han permitido a inmigrantes permanecer en el país, entre ellas dar fin al TPS para cientos de miles de venezolanos. El TPS se concede en incrementos de 18 meses.
El TPS, creado por el Congreso de EEUU en 1990, permite a las personas que ya están en el país vivir y trabajar legalmente porque sus países de origen son considerados inseguros para su regreso, debido a desastres naturales o conflictos civiles.