Trump podría enfrentar el colapso de su plan migratorio y el costo político de los recortes sociales
Nueva York: Desde el momento en que Donald Trump juró su segundo mandato en enero de 2025, su administración lanzó una promesa contundente; ejecutar “la mayor campaña de deportaciones en la historia de Estados Unidos”. El objetivo, filtrado desde el núcleo más duro de su gabinete, era expulsar un millón de personas por año. Nueve meses después, esa meta luce más como un fracaso estructural que como un logro.
El 20 de enero, el presidente firmó la orden ejecutiva “Protecting the American People Against Invasion”, que amplió el uso de la deportación expedita y eliminó protecciones establecidas por administraciones previas. Sin embargo, las primeras cifras revelaron un despliegue limitado. en los primeros 100 días, ICE apenas reportó 12,300 deportaciones formales, un número muy por debajo del ritmo prometido. La brecha entre discurso y ejecución comenzó a evidenciarse temprano, trabada por juicios, apelaciones y bloqueos judiciales.
El caso de Kilmar Armando Ábrego García se convirtió en símbolo de ese desorden. El salvadoreño fue deportado a pesar de contar con protección judicial, lo que provocó una cadena de demandas y una orden de la Corte Suprema que obligó al gobierno a facilitar su retorno. Hoy se encuentra en Estados Unidos, bajo procesos penales y migratorios, mientras los tribunales revisan la legalidad de su caso. Este episodio reflejó un patrón de improvisación legal que minó la credibilidad de las operaciones federales.
Los datos oficiales confirman el desfase. Hasta agosto, ICE registró cerca de 200,000 deportaciones; en septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional elevó la cifra a 400,000 e incluyó 1.6 millones de “auto-salidas”, es decir, migrantes que abandonaron el país voluntariamente. En la práctica, por cada persona deportada formalmente, cuatro se marcharon por miedo o presión. Un informe de Foreign Policy titulado “The Great Deportation of 2025” señala que el gobierno combina categorías para inflar los resultados y sostener una narrativa de éxito.
Mientras tanto, operaciones como “Safeguard”, diseñadas para ejecutar redadas masivas en ciudades santuario, terminaron en caos logístico y denuncias por violaciones de derechos humanos. Algunos deportados fueron enviados a países equivocados o sin verificación legal de identidad, y los centros de recepción en lugares como El Salvador operan con condiciones cuestionadas por organizaciones internacionales. La Casa Blanca insiste en que ni un migrante ha entrado en las últimas semanas por la frontera sur pese a la falta de evidencia sólida.
Trump podría perder influencia en el voto latino
En paralelo, el impacto político entre los latinos es cada vez más visible. En 2024 había 36.2 millones de votantes hispanos habilitados, el 14.7 % del electorado nacional, según el Pew Research Center Para muchos, las redadas, detenciones arbitrarias y la retórica de persecución han generado un clima de miedo y resentimiento. Incluso ciudadanos y residentes legales sienten que son blanco de discriminación institucional. Este efecto amenaza con erosionar la base republicana en estados con alta población latina como Arizona, Nevada, Florida y Texas, donde la desconfianza puede traducirse en abstención o voto de castigo.
El panorama electoral se complica aún más con el nuevo proyecto presupuestario republicano, que propone recortes drásticos a programas sociales esenciales como Medicare, Medicaid, SNAP y SSI. Según el Centro de Política de Presupuesto y Prioridades, más de 40 millones de personas podrían perder asistencia alimentaria, y hasta 15.9 millones quedarían sin cobertura médica. Estos programas son vitales para millones de latinos, jubilados y familias trabajadoras de bajos ingresos.
Encuestas de Better Medicare Alliance y Data for Progress muestran que más del 70 % de los votantes, incluido un 65 % de republicanos, se opone a los recortes, y más del 80 % respalda mantener o aumentar la financiación social. En términos políticos, estos recortes se interpretan como una agresión directa a las comunidades vulnerables, y podrían desencadenar una reacción adversa en los comicios de medio término.
Entre un plan migratorio que se desmorona y políticas económicas que golpean a los sectores más pobres, el Partido Republicano enfrenta un doble costo político; la pérdida de legitimidad moral ante el electorado general y la fractura irreversible de su ya frágil relación con el voto latino. En la práctica, la promesa de deportar con eficiencia y gobernar con austeridad se está convirtiendo en una receta electoral para el aislamiento.
