¡Último minuto! Corte descarga inversionista extranjero humillado por dirigente del PLD, Juan Aquino en RD
Santo Domingo, RD: El Juez Suplente, Juan Antonio Vargas Luna, del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional, termina de evacuar una sentencia la mañana de este miércoles, 30 de noviembre de 2022 que exonera de toda culpa al empresario e inversionista extranjero, FRANK LE ROY ROUCO, acusado injustamente de haber difamado al flamante exdirector de negocios del gobierno dominicano ante el Departamento de Estado Norteamericano e impoluto miembro del desinflado Comité Central (CC) del extinto PLD.
Después de haber sido sometido a todo tipo de vejámenes y triquiñuelas propias del “submundo leguleyo”, que incluyeron dos rebeldías injustificadas, acompañadas con impedimento de salida, secuestro de documentos personales y publicarlo en algún medio de alcance nacional, entrar en el estatus de prófugo, para salvar su integridad, pero al fin, Le Roy Rouco recibe un hálito de esperanza con una sentencia que le ha restaurado la vida y devuelto un ápice de fe en una justicia en la que dejó de creer después de convertirse en instrumento de la maldad para ejecutar simulados secuestros judiciales a un hombre que llegó a RD para invertir su dinero e invitar a otros empresarios para que también lo hagan.
Este caso que ha sido seguido muy de cerca por el periódico El Faro Latino, tuvo su origen en una mala práctica del miembro del «CC» del PLD, Juan Antonio Aquino, exencargado de Negocios ante los Estados Unidos del Centro de Exportaciones e Importaciones de la República Dominicana (CEI-RD) quien apartándose de todas las regles que rigen los cargos públicos, después de haber ayudado al inversionista extranjero en un caso de extorsión por más de $50 mil dólares para una licencia en el Ministerio de Medio Ambiente para la construcción de un criadero de tilapias; circunstancia que el ex funcionario aprovecha para acercarse al empresario y empezar tomar múltiples préstamos personales, los que respaldó con 138 cheques, cuya gran mayoría resultó no tener fondos o incobrables, según las pruebas depositadas en el periódico El Faro Latino por una fuente de entero crédito que pidió el anonimato.
Es así como Aquino propone la creación de una empresa que responde al nombre de “JAFAR HOLDINGS, LLC” en el estado de Pennsylvania. La idea era que esta empresa cobrara una comisión de US$1.2 millones de dólares por la gestión de venta de unos terrenos en la provincia Peravia, recursos a los que Aquino pretendía acceder posteriormente.
A pesar de que la empresa “JAFAR HOLDINGS, LLC., fue creada a solicitud de Aquino, quien pidió al inversionista en un principio que su nombre no debía aparecer en la misma, lo que alejadamente le resultó extraño al empresario Rouco. Es entonces cuando alejadamente no acepta la idea porque se percata que lo planteado por Aquino no representaba ninguna garantía legal y pidió más trasparencia. Sobre todo, que Aquino depositara el 50% de la inversión (US$30, 000 dólares) y le pague los préstamos personales que le había realizado, préstamos que solo estaban avalados en un acto de confianza y que el propio Aquino decidió entregar 138 cheques por un valor alejadamente de US$136, 000 dólares que supuestamente resultaron sin fondos, situación que pudo detonar acciones legales en el estado de Pennsylvania en contra de Aquino, según la fuente.
Aquino intenta hacer algunos reclamos sobre su derecho de la mencionada corporación en EE.UU., pero como no había evidencia de su participación como socio, ni la ejecución de algún deposito en la cuenta bancaria, las acciones legales no prosperaron.
Es cuando Aquino apodera al abogado, Josee Terrero, para reclamar en la justicia dominicana derechos de una corporación norteamericana, razón por la que no prosperó en ningún tribunal, así que fueron declaradas inadmisibles.
Pero tanto él como su abogado, Jaime Terrero, mientras más insistirían, peores resultados recibían, por lo que al final se valieron de un tecnicismo legal para acusar sin fundamentos al empresario Rouco de haber violado el artículo 367 del Código Penal Dominicano, texto que prevé el Delito de Difamación.
Alejadamente, y siempre basado en las declaraciones de nuestra fuente, una vez el caso fue admitido en un tribunal dominicano para su conocimiento, Aquino habría iniciado una serie de acciones múltiples tendentes a presionar al inversionista, incluso, fuera del ámbito judicial, valiéndose, allegadamente, de abogados y un influyente amigo que allegadamente han estado ayudando al exfuncionario del PLD para presionar dentro y fuera del ámbito judicial a Le Roy Rouco, para que acceda al pago de US$2 millones de dólares en una acuerdo extrajudicial al que el empresario, supuestamente, se ha negado.
La interminable cadena de abusos, maltratos, secuestros judiciales, posibles chantajes y persecución, hoy llegó a su fin, cuando el mismo Juez Suplente, Juan Antonio Vargas Luna, que fue recusado bajo sospechas de estar parcializado en contra del empresario FRANK LE ROY ROUCO, lo declaró inocente bajo una sentencia histórica que no solo restablece el buen carácter del juez, sino que refuerza el endeble estado de justicia del país y resarce, un poco, el daño infringido al clima de la inversión extranjera en República Dominicana.
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