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Un año de preventiva para ocho de los acusados en la Operación Búfalo NK.

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Como respuesta a la petición del Ministerio Público, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional declaró el caso complejo y decretó doce meses de detención preventiva para ocho de los diez acusados en la Operación Búfalo NK, quienes son acusados de pertenecer a una red internacional de tráfico de drogas con conexiones en Colombia, Puerto Rico y la República Dominicana.

Rafael Ynoa Santana, apodado «El Cojo», Isidoro Rotestan Clase, Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Juan Henrique Tavarez, Severiano Núñez Pichardo, Robert Nicolás Acosta Adames y Cristian Esteban Alcántara Javier fueron juzgados en prisión preventiva por el juez Rigoberto Sena.

De igual forma, el tribunal estableció, como medida preventiva, restricción de salida y garantía financiera para Germania Mercedes Natali Román y Maritza Flete Santana, quienes tendrán que abonar RD$500 mil y RD$200 mil, respectivamente.

El mencionado cabecilla, Rafael Ynoa Santana, llevará a cabo la medida preventiva en la prisión de La Romana, mientras que los demás acusados serán desplazados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Männer.

La decisión del juez fue valorada por el Ministerio Público, conformado por los fiscales Surelis Jáquez, Andrés Mena y Emmanuel Ramírez, resaltando la seriedad de los crímenes imputados y la firmeza de las evidencias que respaldan los roles de cada uno de los imputados.

En el momento de la presentación de la medida de coerción, tres de los acusados, entre ellos el citado cabecilla Rafael Ynoa Santana, alias «El Cojo», junto a su pareja sentimental Germania Mercedes Natali Román y Maritza Flete Santana, reconocieron su culpabilidad en los hechos que se les atribuyen.

En el documento, que abarca más de 200 páginas, los fiscales señalaron que este caso posee todas las características de un delito organizado, incluyendo crímenes como el lavado de dinero y la agrupación de delincuentes en una red delictiva de alta organización.

Los acusados fueron detenidos en medio de una extensa operación simultánea aérea, marítima y terrestre, realizada en las provincias de Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná. El Ministerio Público y la DNCD llevaron a cabo esta operación, con el respaldo del Ministerio de Defensa, entidades de inteligencia estatal, la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos.

La petición de medida de coerción evidencia que los acusados transportaban enormes cantidades de drogas desde Colombia y Venezuela hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, empleando embarcaciones rápidas y embarcaciones pesquerías. Las sustancias llegaban a territorios dominicano y puertorriqueño, con el propósito de ser reasignadas a Estados Unidos y Europa, lugares donde su valor se multiplicaba, produciendo grandes beneficios para la entidad.

 

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