Urge atender el comercio ilícito en las provincias fronterizas, advierte estudio

La frontera está urgida de acciones concretas contra los ilícitos, ya que laceran el potencial desarrollo económico de cuatro de las provincias que allí se ubican. Una investigación del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (Inesdyc) reveló la proliferación de varias actividades que alteran el orden público y la economía local.

Dentro de las «emergencias complejas» de actividades ilegales se citan el tráfico de drogas, comercio de armas de fuego, lavado de dinero, ingreso de extranjeros, robo de ganado, y la distribución y venta de mercancías, que se desarrollan principalmente en los barrios más pobres de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales.

De acuerdo con el estudio «Fragilidad, resiliencia, desarrollo e inversión (Fredi)», presentado en cuatro tomos con datos específicos por provincia, se hace difícil caracterizar el origen y atribución de las actividades ilegales que incluyen rutas alternas de comercio de mercancías.

Sin embargo, se precisa que tanto Haití como República Dominicana son vulnerables para el traspaso de mercancías de manera desapercibida debido a puntos «ciegos» en la frontera que carecen de supervisión militar, de las alcaldías y de los propios munícipes.

«En la actualidad constituye un verdadero reto para las autoridades dominicanas vigilar 1,771 kilómetros de costa y 392 kilómetros de frontera terrestre», subraya el estudio.

Pasan mercancías a pie y en yola

El tráfico ilícito de mercancías incluye principalmente cigarrillos, bebidas alcohólicas, pacas de ropa, materiales de construcción (cemento y varillas) y comestibles, entre otros.

El documento presentado en esta semana -elaborado con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oganización Internacional para las Migraciones- señala que el tráfico de cigarrillos y bebidas alcohólicas desde Haití hacia la República Dominicana ocurre a través del uso de animales y personas a pie, utilizando diferentes rutas de acceso al territorio local.

Las operaciones se distinguen por volúmenes considerables y su paso sin el debido pago de los impuestos aduanales correspondientes. Por ejemplo, uno de los tomos indica que, en cuanto a los materiales de construcción y los comestibles, algunos comerciantes se benefician de la Ley 8-90 sobre fomento de zonas francas que reduce el pago de aranceles a mercancías con destino a Haití.

«La modalidad es que estos comerciantes exportan una parte de dichos productos a Haití, pero conservan otra para ser vendida a comerciantes dominicanos a precios más bajos que los ofertados en el comercio local. Esto afecta grandemente a los comerciantes locales y a la Aduana, ya que deja de recaudar los impuestos correspondientes», subraya el tomo sobre Elías Piña.

El proyecto de investigación Fredi recoge el modus operandi para cada uno de los bloques de infracción, citando componendas entre autoridades y comerciantes de ambos países para evadir las inspecciones aduanales y el pago de impuestos de productos y mercancías que se pasan a pie por la frontera.

Además detalla la creación de rutas de traslado en yola para el intercambio clandestino de:

• pollos
• huevos
• embutidos
• harina
• aceite de cocinar
• panes
• pasta
• plásticos
• agua embotellada
• cerveza

«Debe mencionarse que por aquí se pasa gran cantidad de plásticos que son de los principales productos de exportación del país hacia Haití», dice el informe.

Una de las causas por la que se crean rutas alternas

Debido a los conflictos y bloqueos que ocurren en ambas puertas que dan paso al comercio formal bilateral, algunos comerciantes buscan alternativas para colocar los productos perecederos.

El informe señala que hay diversas razones relacionadas con problemas migratorios que ocurren, incautación de mercancías y desavenencias o violencia entre ciudadanos de ambos países. La nación más afectada por el cierre de frontera es Haití, cuyos ciudadanos buscan a toda costa obtener sus alimentos para comercio y consumo propio, apunta.

El Instituto de Educación Superior observó que el nivel de complejidad que requieren las operaciones ilícitas, como son la distribución y venta de mercancías y el lavado de activos, amerita el esfuerzo de un sinnúmero de actores que desempeñan funciones específicas.

Asimismo aseguró que dichas autoridades, de manera coordinada, hacen posible que las operaciones ilegales se ejecuten a escala comunitaria, regional, nacional o global.