LAWRENCE, Massachusetts.- El panorama judicial del alcalde dominicano Brian DePeña continúa complicándose. Apenas semanas después de ser procesado por un caso federal relacionado con un presunto fraude millonario en préstamos de ayuda por la pandemia, la Fiscalía General de Massachusetts presentó ahora una nueva acusación en su contra por la supuesta grabación ilegal de conversaciones dentro del Ayuntamiento y por un presunto acto de intimidación de testigos.
La nueva investigación traslada el caso del ámbito federal a la justicia estatal y abre otro frente legal que podría tener consecuencias igualmente severas.
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Según la acusación presentada por la Fiscalía General de Massachusetts, los hechos comenzaron en 2023 cuando DePeña ordenó instalar un sistema privado de vigilancia dentro de su oficina, separado del sistema oficial de cámaras del Ayuntamiento. A diferencia del sistema municipal, que únicamente registra imágenes, el equipo instalado por el alcalde también captaba audio.
La investigación sostiene que una de esas cámaras grabó en secreto una conversación sostenida en un pasillo entre William Castro, entonces jefe de gabinete del alcalde, y Francisco Ureña, responsable del aeropuerto municipal. De acuerdo con los fiscales, al menos uno de los participantes desconocía que la conversación estaba siendo grabada.
La acusación agrega que, con pleno conocimiento de la existencia de esa grabación, DePeña distribuyó posteriormente copias del material a por lo menos catorce personas.
El caso adquirió notoriedad cuando el video comenzó a circular en redes sociales. Las imágenes mostraban una discusión entre ambos funcionarios dentro del edificio municipal. Un día después de que el material se hiciera público, DePeña anunció la salida de William Castro de su administración.
La Fiscalía sostiene además que el Ayuntamiento nunca informó públicamente que el sistema privado instalado por el alcalde registraba audio, circunstancia que constituye uno de los elementos centrales de la investigación.
Como resultado, el alcalde enfrenta ahora catorce cargos por distribución de comunicaciones interceptadas de manera ilegal y un cargo adicional por presunta intimidación de testigos.
Las autoridades también alegan que, durante agosto de 2026, DePeña realizó acciones que podrían constituir una violación de la legislación estatal que protege a quienes participan como testigos en procesos penales. Los documentos judiciales divulgados hasta el momento no detallan públicamente la naturaleza específica de esa conducta.
La comparecencia del alcalde por estos nuevos cargos será fijada posteriormente por un tribunal estatal de Massachusetts.
La legislación de Massachusetts es considerada una de las más estrictas del país en materia de grabaciones clandestinas. La ley exige el consentimiento de todas las personas involucradas para registrar conversaciones privadas. La violación de esa norma puede constituir un delito grave castigado con penas de hasta cinco años de prisión, multas de hasta 10,000 dólares y posibles demandas civiles por daños.
Estos nuevos cargos llegan mientras DePeña continúa enfrentando un proceso federal separado.
En ese expediente, fiscales federales lo acusan de haber obtenido fraudulentamente más de 1.5 millones de dólares mediante programas de ayuda económica creados durante la pandemia del COVID-19. Según la acusación federal, parte de esos recursos habría sido utilizada para financiar su campaña política, pagar impuestos personales y amortizar más de 880,000 dólares en hipotecas de alto interés correspondientes a propiedades de su propiedad en Lawrence.
En conjunto, el alcalde enfrenta ahora once cargos federales y quince cargos estatales, una combinación de procesos que incrementa considerablemente la presión política y judicial sobre uno de los dirigentes dominicanos de mayor visibilidad en Massachusetts.
Mientras ambas causas avanzan por vías independientes, la permanencia de Brian DePeña al frente de la alcaldía queda cada vez más condicionada al desenlace de unos tribunales que ahora examinan no solo el manejo de fondos públicos, sino también la legalidad de las actuaciones ocurridas dentro de su propio despacho.
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