La congresista demócrata Ilhan Omar enfrenta una investigación federal sobre documentos migratorios de su familia, mientras funcionarios de la administración de Donald Trump han planteado la posibilidad de revocarle la ciudadanía y deportarla a Somalia.
Esa medida no se ha ordenado: requeriría un proceso legal y una decisión judicial.
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Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional registraron la residencia de Omar en Washington D. C. el lunes 12 de octubre. El Departamento de Justicia confirmó que la operación se realizó con una orden autorizada por un juez, pero no detalló entonces el alcance de la investigación.
Reuters informó después que la orden menciona posibles delitos de conspiración, fraude migratorio y declaraciones falsas, según personas familiarizadas con el caso.
Associated Press y Reuters reportaron que los agentes incautaron el teléfono celular de la legisladora. Associated Press también informó que se emitieron más de una docena de citaciones para un gran jurado, algunas dirigidas a familiares de Omar.
RadarOnline afirmó que durante el registro también se llevaron su pasaporte, cuadernos y computadoras personales; esos objetos no fueron confirmados en los reportes consultados de AP y Reuters.
La pesquisa examina si Omar o algunos de sus familiares proporcionaron información falsa en documentos relacionados con su llegada a Estados Unidos como refugiados y con el proceso de ciudadanía. Omar tenía 12 años cuando llegó al país en 1995 y se convirtió en ciudadana estadounidense en 2000. Hasta ahora, las autoridades no han anunciado cargos contra ella.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, había dicho que “algo va a ocurrir” en la investigación sobre la entrada de la familia de Omar a Estados Unidos y sostuvo que las personas que no debieron ingresar al país podrían ser deportadas.
Por su parte, un portavoz del Departamento de Justicia dijo a Reuters que el Gobierno investigaría cualquier caso en que los hechos pudieran respaldar un proceso para revocar la ciudadanía.
Omar ha rechazado las acusaciones y describió el registro como un acto de intimidación política. Su oficina sostuvo que la investigación carece de fundamento y acusó al presidente Trump de intentar apartar del Congreso a una de sus críticas más firmes.
Trump, por su parte, ha atacado públicamente a la legisladora, aunque dijo no tener relación con la investigación, según el texto proporcionado. La pesquisa sigue abierta y su alcance completo no se ha hecho público.
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