Harrisburg, PA.- Desde que Dave Sunday asumió como Fiscal General de Pennsylvania, su oficina ha colocado el fraude contra Medicaid, Medicare, los servicios de cuidado domiciliario y las tarjetas EBT entre sus principales objetivos criminales.
La estrategia combina investigaciones financieras, fiscales especializados, agentes estatales y cooperación con el FBI y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, HHS-OIG.
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El resultado es una ofensiva dirigida contra quienes convierten los programas destinados a personas pobres, enfermas, mayores o dependientes en fuentes de enriquecimiento personal.
Más de $41 millones recuperados
Durante el año fiscal federal 2025, la Unidad de Control de Fraude de Medicaid de Pennsylvania informó más de $41 millones recuperados en fondos utilizados indebidamente. La unidad presentó cargos en 115 casos y obtuvo 115 condenas.
La Fiscalía de Pennsylvania fue clasificada por HHS-OIG como la unidad estatal con más condenas criminales del país y como la tercera con más cargos presentados contra personas que defraudaron el programa Medicaid, según un informe oficial de la Fiscalía.
Al presentar el balance de su primer año, Sunday informó además que la unidad había obtenido condenas contra 120 personas por fraude, abuso, negligencia y desperdicio criminal relacionados con Medicaid. También señaló que se habían ordenado más de $40 millones en restituciones y que la unidad mantenía aproximadamente 550 investigaciones y casos activos.
La escala del resultado refleja una prioridad definida consistente en perseguir tanto el robo directo de fondos como las prácticas que ponen en peligro la vida y la salud de los beneficiarios.
Una farmacia de Philadelphia obligada a pagar $2.3 millones
Uno de los casos más importantes de la gestión Sunday involucró a Surnil Pharmacy, que operaba principalmente bajo el nombre de Haussemann’s Pharmacy.
La farmacia fue acusada de distribuir medicamentos contra el VIH obtenidos fuera de los canales autorizados y de facturar reembolsos a Medicaid y Medicare como si los productos hubieran sido adquiridos de distribuidores legítimos.
La investigación identificó aproximadamente 100,000 tabletas de medicamentos contra el VIH que no tenían documentación de compra a través de proveedores autorizados.
En octubre de 2025, la empresa se declaró culpable y pagó $2.3 millones en restitución ordenada por un tribunal. El propietario, Subhash Patel, quedó excluido de Medicaid y Medicare por al menos cinco años, y su licencia de farmacéutico fue suspendida durante el mismo periodo.
La investigación fue realizada conjuntamente por la Fiscalía de Pennsylvania y HHS-OIG. Según documentos del Caso Surnil Pharmacy.
El caso demostró que la Fiscalía no solo persigue facturas falsas. También interviene cuando la conducta de un proveedor amenaza la seguridad de medicamentos destinados a pacientes vulnerables.
La red de $12 millones en otra farmacia
La Fiscalía de Sunday también llevó a los tribunales a los responsables de un esquema de más de $12 millones en Broad Street Family Pharmacy, en South Philadelphia.
La farmacia facturaba a Medicaid y Medicare medicamentos costosos que, según los investigadores, en gran parte nunca fueron adquiridos ni entregados a los pacientes. Entre los productos mencionados estaban el medicamento antipsicótico Latuda y medicamentos de alto reembolso para el VIH.
Peter Dello Buono, encargado de las operaciones diarias, recibió una condena de entre dos y cinco años de prisión. Frank Bengermino, el farmacéutico del establecimiento, fue sentenciado a entre un año y medio y cinco años.
Siete empleados y asociados también se declararon culpables. El tribunal ordenó más de $12 millones en restitución, incluidos $12.25 millones responsabilidad de Dello Buono y Elizabeth Thompson, propietaria de la farmacia.
La investigación también documentó pagos ilegales a consumidores que devolvían medicamentos a cambio de dinero en efectivo u otros productos, de acuerdo a la documentación del Caso Broad Street Pharmacy.
$1.76 millones por horas de cuidado inventadas
La gestión Sunday también ha perseguido a agencias de cuidado domiciliario que presentaban reclamaciones por servicios que nunca fueron prestados.
En Montgomery County, ComfortZone Home Health Care fue vinculada a un esquema de $1.76 millones en reclamaciones falsas. La Fiscalía acusó a sus responsables de asignar cuidadores ficticios, aprobar acuerdos de sobornos y enviar a Medicaid facturas por servicios inexistentes.
Stephanie Mobley, propietaria de la agencia, fue sentenciada a entre 17 meses y 10 años de prisión y se le ordenó pagar $1.76 millones en restitución.
Su hija, Naya Campbell, directora ejecutiva de la compañía, también fue sentenciada a prisión. La investigación de la Fiscalía y el FBI llevó a cargos contra 20 personas y la empresa. Todos menos uno de los acusados habían aceptado su culpabilidad al momento del anuncio de la sentencia de Mobley, relacionada con el Caso ComfortZone.
La respuesta de la Fiscalía mostró que el fraude no era una irregularidad aislada, sino un esquema que utilizaba una empresa completa para desviar fondos destinados a personas que necesitaban asistencia diaria.
Una agencia que falsificaba registros y ponía en riesgo a residentes
En Erie County, Tina Bell, propietaria y administradora de Superior Health, fue sentenciada en septiembre de 2026 por fraude contra Medicaid y por poner en peligro a personas vulnerables bajo el cuidado de su agencia.
Bell recibió entre 11 y 23 meses de prisión, seis años de libertad supervisada y una orden de pagar más de $1.8 millones en restitución.
La Fiscalía estableció que facturó servicios que no fueron prestados y falsificó las calificaciones de cuidadores. Muchos de los residentes eran dependientes de sillas de ruedas.
Durante una auditoría, Bell habría falsificado registros para ocultar falta de personal, ausencia de entrenamiento obligatorio y deficiencias en los exámenes médicos de empleados. También creó documentación médica y financiera falsa para justificar reclamaciones fraudulentas.
Bell se declaró culpable de fraude contra Medicaid, manipulación de registros públicos y negligencia de una persona dependiente. Además, perdió su licencia de enfermería y quedó impedida de participar como proveedora de Medicaid, de acuerdo con los detalles del Caso Superior Health.
Un falso profesional médico atendía pacientes sin licencia
Otro caso llevado por la Fiscalía involucró a Adam Herman, quien se presentó como médico, enfermero y profesional certificado pese a no tener licencia ni capacitación médica.
Herman atendió pacientes en al menos nueve residencias y centros de cuidado del condado Carbon. Prescribió medicamentos, realizó extracciones de sangre e inyecciones y utilizó la identidad de un médico para obtener reembolsos de Medicaid, Medicare y compañías privadas de seguros.
Algunos pacientes recibieron diagnósticos incorrectos y medicamentos contra la diabetes aunque no padecían esa enfermedad. Herman se declaró sin oposición a 17 delitos graves y un delito menor, incluidos fraude contra Medicaid, fraude de seguros, robo mediante engaño, robo de identidad, ejercicio de la medicina sin licencia y negligencia de personas dependientes.
En abril de 2026 fue sentenciado a prisión y ordenado a pagar más de $104,000 en restitución. El caso conocido como Adam Herman, fue investigado por la Fiscalía de Pennsylvania y HHS-OIG.
El esquema de $178,289 con tarjetas EBT
La protección del dinero de los vulnerables también llegó al sistema de beneficios alimentarios.
En enero de 2026, la Unidad contra el Crimen Organizado en Comercios acusó a dos propietarios de negocios de Pittsburgh de operar un esquema con tarjetas EBT por $178,289.
Según la Fiscalía, Rachna Anwar y Munir Chaudhri compraban tarjetas EBT con descuento a personas que recibían los beneficios. Después utilizaban las tarjetas para comprar alimentos en Sam’s Club y otros comercios, y revendían los productos en un restaurante y una tienda de delicatessen.
La investigación identificó más de 800 transacciones y aproximadamente 450 tarjetas. Entre los productos adquiridos había carne, pollo, pan, agua, refrescos y otras bebidas.
Los acusados enfrentan cargos por organizaciones corruptas y manejo de ganancias provenientes de actividades ilícitas. El caso permanece bajo proceso judicial y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en el Caso conocido como Tarjetas EBT.
El fraude como delito contra personas, no solo contra programas
Los casos de la administración Sunday muestran una línea de persecución definida contra proveedores que facturan medicamentos no regulados; farmacias que reclaman pagos por productos que no compraron ni entregaron; agencias que reportan horas de cuidado inexistentes; administradores que falsifican registros; personas sin licencia que diagnostican, medican y atienden pacientes; negocios que convierten tarjetas EBT en capital para sus operaciones.
La Unidad de Control de Fraude de Medicaid trabaja con tres oficinas regionales en Pennsylvania y recibe financiamiento federal de HHS, además de fondos estatales. Su función incluye investigar fraude, abuso, negligencia y explotación financiera de adultos mayores y personas dependientes.
La gestión de Dave Sunday ha convertido esa estructura en una herramienta visible de persecución criminal. El dinero recuperado es una parte del resultado. La otra es impedir que quienes reciben asistencia médica, alimentos o cuidado diario sean utilizados como instrumentos para defraudar al Estado.
En los expedientes revisados, la Fiscalía ha combinado restitución, prisión, exclusión de proveedores, pérdida de licencias, cargos por negligencia y cooperación federal.
El mensaje de la administración es directo: Medicaid, Medicare y los beneficios EBT no son fondos disponibles para el enriquecimiento de proveedores, cuidadores, farmacéuticos o empresarios. Son recursos destinados a personas que dependen de ellos para sobrevivir, alimentarse y recibir atención médica.
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