SANTO DOMINGO.– La solicitud de los querellantes para modificar la calificación jurídica de los hechos atribuidos a Antonio y Maribel Espaillat será objeto de una decisión este viernes, en el juicio por el desplome del techo de la discoteca Jet Set.
El juez Franny González, de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, tiene pautada la audiencia para las 9:00 de la mañana. Los abogados de las víctimas buscan que la acusación pase de homicidio, golpes y heridas involuntarias a homicidio voluntario con dolo eventual.
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La defensa de los propietarios del establecimiento rechaza el planteamiento. El proceso está relacionado con el colapso ocurrido el 8 de abril de 2025, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos.
Durante la audiencia anterior, los representantes de los hermanos Espaillat alegaron que no se han presentado elementos nuevos que justifiquen una modificación. También destacaron que el Ministerio Público mantiene la calificación jurídica inicial.
Ramón Núñez, abogado de Maribel Espaillat, sostuvo que las pruebas no acreditan que su representada tuviera intención de que el techo se desplomara y recordó que ella y su esposo se encontraban en el lugar. Miguel Valerio, defensor de Antonio Espaillat, también negó que su cliente actuara con intención de provocar la tragedia.
Por los querellantes, el abogado Plinio Pina explicó que la petición pretende abrir la discusión sobre una posible calificación distinta durante el juicio, sin que ello implique decidir de antemano si existió dolo eventual.
Pina afirmó que en esta etapa han surgido circunstancias que no fueron valoradas durante la instrucción, cuando no se reprodujeron las pruebas ni se escucharon los testimonios. La abogada Emery Rodríguez cuestionó, además, que el Ministerio Público no respaldara la solicitud.
El debate coincide con la presentación de pruebas sobre las condiciones del techo antes del derrumbe. El ingeniero Leonardo Reyes Madera, director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), declaró sobre la capacidad de carga de la estructura.
Según lo expuesto en el juicio, el techo estaba previsto para soportar unas 160 libras por metro cuadrado, mientras que la evaluación presentada estimó una carga aproximada de 625 libras por metro cuadrado. El peritaje relacionó la sobrecarga con la colocación de varias capas de cemento.
Gregory Adames, exempleado y sobreviviente, aseguró que las filtraciones comenzaron antes de la pandemia y que notificó reiteradamente a los propietarios. También afirmó que las reparaciones se realizaron con conocimiento y consentimiento de ambos hermanos.
El tribunal ha recibido mensajes de WhatsApp que, según los querellantes, podrían aportar información sobre el conocimiento de los riesgos y las actuaciones posteriores al colapso. Su alcance deberá ser valorado junto con las demás pruebas.
El juicio comenzó el 28 de agosto de 2026. Según el balance del proceso, se han celebrado alrededor de ocho audiencias y han declarado 15 de los 84 testigos de la acusación.
Los Espaillat permanecen en libertad bajo medidas de coerción que incluyen una garantía económica de 50 millones de pesos para cada uno, presentación periódica e impedimento de salida del país.
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