Rosalba Ramos reacciona a medidas de coerción de los Espaillat
Santo Domingo.- La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, reacciona a la medida de coerción de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por el desplome del techo de la discoteca Jet Set en el que fallecieron 235 personas y más de 180 resultaron heridas, al considerar que la decisión de la magistrada Fátima Veloz deja un profundo sabor a injusticia.
Ramos expresó que, pese a la investigación exhaustiva y jurídicamente sólida realizada por el Ministerio Público, la resolución adoptada por el tribunal representa un revés en el camino hacia la justicia. En sus palabras, la medida ignora el peso de una tragedia que cobró la vida de 235 personas, dejó más de 100 heridos y generó un legado de dolor en 130 niños huérfanos que aún esperan respuestas del sistema judicial.
Para la magistrada Ramos, esta decisión no solo hiere la memoria de quienes perdieron la vida en la tragedia del Jet Set, sino que también erosiona la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de impartir justicia. Señaló que no puede haber paz social mientras la impunidad tenga más peso que el sufrimiento colectivo de las víctimas y sus familias.
La procuradora reiteró su compromiso con la verdad y con el derecho de cada afectado a obtener reparación. Asegurando que el Ministerio Público agotará todas las vías legales disponibles para revertir esta medida que, a su juicio, destruye los principios de equidad y responsabilidad penal.
Los hermanos Espaillat no irán a la cárcel
Tras más de 13 horas de audiencia, con algunos recesos, la jueza Fátima Veloz impuso la madrugada de este jueves una garantía económica de 50 millones de pesos y presentación periódica e impedimento de salida del país como medidas de coerción contra el empresario Antonio Espaillat y su hermana Maribel.
La magistrada rechazó la petición del Ministerio Público, que había solicitado prisión preventiva para Antonio y arresto domiciliario para Maribel. En su lugar, se adoptaron medidas alternativas que incluyen fianza y restricciones de movilidad.
