NEWARK, Nueva Jersey.— El estado de Nueva Jersey abrió una investigación de derechos civiles sobre Delaney Hall, el centro de detención de inmigrantes de ICE ubicado en Newark y operado por la compañía privada GEO Group, tras una serie de denuncias sobre condiciones sanitarias, atención médica, alimentación y tratamiento de las personas recluidas en la instalación.
La fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, anunció que la División de Derechos Civiles inició la investigación para determinar si acciones u omisiones de empleados de GEO Group pudieron vulnerar derechos de los inmigrantes detenidos.
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La investigación representa una nueva etapa en la confrontación entre las autoridades de Nueva Jersey y los responsables de Delaney Hall, una instalación que durante los últimos meses ha estado rodeada de protestas, denuncias de detenidos, cuestionamientos de organizaciones defensoras de inmigrantes y disputas por los intentos del estado de inspeccionar sus instalaciones.
Las autoridades estatales sostienen que las personas privadas de libertad conservan derechos fundamentales, incluyendo el derecho a recibir un trato humano y atención médica adecuada, independientemente de que la instalación donde permanecen recluidas sea administrada por una compañía privada.
La investigación permitirá solicitar documentos, registros y otras informaciones relacionadas con las operaciones del centro y las condiciones de los detenidos.
Uno de los acontecimientos que aumentó la presión sobre Delaney Hall fue la muerte de Edwin Jovanny Lopez-Cornejo, un inmigrante salvadoreño que se encontraba detenido en la instalación.
Su familia ha planteado interrogantes sobre la atención médica que recibió antes de morir. Lopez-Cornejo padecía varios problemas de salud y necesitaba medicamentos. Antes de su hospitalización habría comunicado a familiares que estaba experimentando síntomas preocupantes.
ICE ha sostenido que recibió atención de profesionales médicos mientras estuvo bajo custodia. Las circunstancias de su muerte forman ahora parte del creciente escrutinio sobre el funcionamiento del centro.
La controversia alrededor de Delaney Hall había comenzado mucho antes.
En mayo, detenidos iniciaron protestas internas para denunciar las condiciones en que permanecían recluidos. Entre las acusaciones figuraban alimentos en malas condiciones, falta de productos básicos de higiene, problemas de acceso a medicamentos y deficiencias sanitarias.
También surgieron denuncias relacionadas con el acceso a servicios médicos y las condiciones de mujeres detenidas en la instalación.
Las protestas se extendieron posteriormente al exterior del centro, donde activistas, familiares y organizaciones defensoras de inmigrantes realizaron manifestaciones que en algunos casos terminaron en enfrentamientos con agentes policiales y arrestos.
El Departamento de Seguridad Nacional y las autoridades federales han rechazado varias de las acusaciones relacionadas con las condiciones de Delaney Hall y han cuestionado versiones sobre la magnitud de las huelgas de hambre.
El gobierno de Nueva Jersey también intentó inspeccionar la instalación.
Inspectores del Departamento de Salud lograron ingresar parcialmente al complejo, pero las autoridades estatales denunciaron que no pudieron acceder a determinadas áreas que consideraban fundamentales para evaluar las condiciones sanitarias.
Entre ellas se encontraban espacios médicos, dormitorios, duchas y baños.
La negativa provocó una disputa legal entre Nueva Jersey y GEO Group. La fiscalía estatal acudió posteriormente a los tribunales buscando obligar a la compañía a permitir una inspección completa.
La gobernadora Mikie Sherrill también visitó Delaney Hall después de semanas de solicitudes de acceso, pero denunció que el recorrido fue limitado y que no pudo conversar libremente con los detenidos.
Sherrill ha reclamado el cierre de la instalación y sostiene que las autoridades estatales necesitan acceso suficiente para determinar qué está ocurriendo dentro del centro.
Delaney Hall tiene capacidad para aproximadamente 1,000 detenidos y funciona mediante un contrato entre ICE y GEO Group.
La compañía obtuvo un acuerdo de 15 años para operar el complejo como centro federal de procesamiento migratorio. El contrato podría representar aproximadamente 1,000 millones de dólares durante su vigencia.
GEO Group tiene entre sus responsabilidades proporcionar seguridad, alimentación, mantenimiento y acceso a determinados servicios médicos y legales para las personas detenidas.
Es precisamente el cumplimiento de algunas de esas obligaciones lo que ahora está bajo escrutinio.
La nueva investigación no constituye una determinación de culpabilidad contra GEO Group. Las autoridades deberán establecer si las denuncias pueden comprobarse y si las acciones u omisiones de trabajadores de la compañía alcanzaron el nivel de violaciones de derechos civiles.
Si la investigación encuentra evidencias suficientes, Nueva Jersey podría iniciar acciones civiles contra la empresa bajo las leyes estatales.
Delaney Hall se ha convertido así en uno de los principales escenarios de confrontación entre Nueva Jersey y el gobierno federal alrededor de la política migratoria y el creciente papel de las compañías privadas en el sistema de detención.
Lo que comenzó con denuncias de inmigrantes sobre alimentos, higiene y atención médica ha evolucionado hacia protestas, muertes vinculadas a la instalación, intentos de inspección, litigios y ahora una investigación formal de derechos civiles.
La investigación deberá responder una pregunta fundamental: si una empresa privada contratada por el gobierno federal para mantener bajo custodia a cientos de inmigrantes cumplió con su obligación de garantizar condiciones humanas y atención adecuada a las personas privadas de libertad.
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