CALIFORNIA.– Las autoridades federales estadounidenses presentaron cargos contra 28 residentes permanentes legales que presuntamente se registraron para votar o participaron en elecciones sin contar con la ciudadanía, como parte de una operación nacional del Departamento de Justicia.
Según informó la institución el lunes, las acusaciones incluyen registros electorales fraudulentos y declaraciones falsas en solicitudes de naturalización. Los señalados no poseen la ciudadanía estadounidense, requisito para votar en elecciones federales.
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La operación, denominada Proteger el Voto, abarcó las cuatro fiscalías federales de California y forma parte de las actuaciones de la administración de Donald Trump contra las irregularidades electorales antes de los comicios de medio mandato del 3 de noviembre.
Durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, Trent McCotter, fiscal general adjunto interino del Departamento de Justicia, defendió los procesos y sostuvo que la participación electoral de personas no habilitadas perjudica a los ciudadanos y al sistema de votación.
La ofensiva ocurre en medio de una disputa entre el gobierno federal y California por el acceso a los registros electorales y la comprobación de la ciudadanía de los votantes, según informó The Associated Press.
El fiscal general de California, Rob Bonta, rechazó los señalamientos de fraude electoral generalizado. Aunque reconoció que pueden producirse casos aislados, destacó que el estado tiene aproximadamente 23 millones de electores registrados y cuestionó el respaldo probatorio de las afirmaciones federales.
El reporte señala que el voto de personas sin ciudadanía es excepcional en Estados Unidos y que no se ha demostrado que tenga un impacto determinante en los resultados electorales.
A escala nacional, el Departamento de Justicia anunció cargos contra 113 personas en 20 estados durante las últimas semanas por distintas infracciones relacionadas con la votación y la inscripción electoral. Esa cifra comprende diversas conductas y no corresponde exclusivamente a personas acusadas de votar sin ciudadanía.
Paralelamente, el gobierno federal exige a los estados información de sus padrones, incluidas fechas de nacimiento, direcciones, números de licencias de conducir y datos parciales de la Seguridad Social. Algunos han entregado los registros voluntariamente, mientras que las autoridades federales han demandado a 30 estados y al Distrito de Columbia para obtenerlos.
El viernes, el Departamento de Justicia también remitió una carta a funcionarios electorales de California para advertir sobre posibles consecuencias penales por procesar deliberadamente papeletas de personas sin derecho a votar en elecciones federales.
La comunicación fue dirigida a la oficina del asesor legal del condado de Los Ángeles, con copias para la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, y el registrador electoral del condado, Dean Logan.
Logan afirmó que su oficina trabaja para garantizar elecciones justas y seguras, y sostuvo que las controversias sobre las afirmaciones federales deben resolverse en los tribunales.
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