San Cristóbal, RD. El conocimiento de la medida de coerción contra Ángel Gabriel Capellán, conocido como “El Pastor” o “Capellán”, fue aplazado para el próximo jueves mientras permanecen pendientes evaluaciones y diligencias relacionadas con los menores involucrados en el proceso.
El Ministerio Público imputa a Capellán por presunto maltrato físico y psicológico y trabajo o servicio forzado en perjuicio de menores de edad. La investigación del Ministerio Público también involucra a Isaías Ramón Muñoz Rodríguez.
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Según el abogado de la defensa, el tribunal decidió posponer la audiencia debido a que todavía deben completarse varias evaluaciones relacionadas con los niños y adolescentes vinculados al expediente antes de continuar con el proceso.
El jurista también aseguró que hasta el momento ninguno de los padres de los menores ha presentado una querella contra su defendido.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Capellán y Muñoz Rodríguez por presuntas violaciones relacionadas con maltrato y trabajo o servicio forzado contra niños, niñas y adolescentes, además de otras infracciones contempladas en las leyes 137-03 y 136-03.
El proceso está relacionado con la Fundación Restaurando Vida, también identificada como “Un Muerto que Revive”, ubicada en el municipio Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, 14 menores de edad rescatados de una propiedad relacionada con la fundación presuntamente fueron sometidos a golpes, quemaduras, privación de alimentos y trabajos forzados.
Las autoridades iniciaron la investigación después de que un niño de 12 años escapara del lugar el 28 de agosto y denunciara las presuntas condiciones en las que se encontraban los menores. Posteriormente, el establecimiento fue intervenido y los niños y adolescentes que permanecían allí fueron rescatados.
La Fiscalía sostiene que la Fundación Restaurando Vida no tenía autorización para funcionar como hogar de acogida para niños, niñas y adolescentes.
Según el expediente, durante los allanamientos fue ocupada una comunicación del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), fechada el 30 de octubre de 2020, que habría dispuesto la suspensión del funcionamiento de la fundación y prohibido el ingreso de menores a sus instalaciones.
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