MAYAGÜEZ, PR.- Autoridades federales y estatales arrestaron a 70 de las 81 personas acusadas de pertenecer a la banda Los Baja Deo, señalada de operar una red de narcotráfico en el oeste de Puerto Rico.
Los arrestos de Los Baja Deo fueron ejecutados el miércoles, un día después de que un gran jurado federal presentara cargos contra los presuntos integrantes de la organización, también conocida como LBD.
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La acusación incluye delitos de conspiración para poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas, posesión y distribución de drogas, además de infracciones relacionadas con armas de fuego.
Según los fiscales, la organización distribuía heroína, fentanilo, cocaína, crack y marihuana desde 2021, principalmente en comunidades y proyectos de vivienda pública de Mayagüez y sectores cercanos.
Las autoridades calculan que durante el período investigado la supuesta red distribuyó al menos 340 kilogramos de fentanilo o narcóticos mezclados con esa sustancia, además de 2,200 kilogramos de cocaína.
El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, informó que las actividades atribuidas al grupo generaron más de 49 millones de dólares. Durante la investigación también fueron incautadas 21 armas de fuego.
La acusación describe una estructura integrada por líderes, propietarios de puntos de venta, proveedores, vendedores, vigilantes, encargados de seguridad y facilitadores. Sus miembros presuntamente utilizaban radios, teléfonos, aplicaciones de mensajería y redes sociales para coordinarse.
Los fiscales alegan que algunos acusados recurrieron a tiroteos, secuestros y asesinatos cuando consideraban amenazada la organización o sus operaciones de distribución de drogas.
La investigación estuvo encabezada por el FBI y la Policía de Puerto Rico, con la participación de HSI, DEA, ATF y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos.
Los acusados podrían recibir entre 10 años de prisión y cadena perpetua si son declarados culpables de narcotráfico. Para quienes también enfrenten cargos por armas, la pena mínima podría elevarse a 15 años. El Gobierno busca además el decomiso de más de 49.7 millones de dólares, mientras todos los imputados mantienen la presunción de inocencia.
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