Bloqueo político hunde a EE.UU. en un nuevo cierre del gobierno
Washington D.C: Estados Unidos amaneció este miércoles con un nuevo cierre parcial del gobierno federal, luego de que el Congreso no lograra aprobar una ley de financiamiento antes del inicio del nuevo año fiscal. La falta de acuerdo entre republicanos y demócratas sobre el presupuesto ha dejado sin fondos a múltiples agencias y programas, lo que obliga a suspender miles de servicios públicos y a enviar a casa, sin sueldo, a cientos de miles de empleados federales. El presidente Donald Trump responsabilizó a los demócratas por bloquear las negociaciones, mientras que la oposición culpa a la Casa Blanca de utilizar el presupuesto como arma política.
El cierre del gobierno no tiene un plazo definido y su duración dependerá de cuánto tarde el Congreso en alcanzar un acuerdo de financiamiento o en aprobar una medida temporal que permita reabrir las agencias. La historia reciente demuestra que estas parálisis pueden prolongarse: en diciembre de 2018 se produjo el cierre más largo hasta la fecha, con 35 días de inactividad federal que afectaron gravemente a la economía y a los trabajadores públicos.
Aunque los servicios esenciales siguen operando, millones de ciudadanos ya sienten los efectos. La Seguridad Social y Medicare continúan enviando los pagos de jubilación, sobrevivencia y discapacidad, porque son programas de gasto obligatorio financiados por impuestos sobre la nómina, pero otros trámites administrativos, como la verificación de beneficios o la reposición de tarjetas de Medicare, se verán retrasados. Lo mismo ocurre con el ajuste anual por costo de vida (COLA) de la Seguridad Social, cuyo cálculo depende de datos de inflación que publica la Oficina de Estadísticas Laborales, una agencia que también suspenderá operaciones durante el cierre.
El impacto alcanza a numerosos sectores: parques nacionales, monumentos y museos permanecerán cerrados o con servicios limitados; las oficinas gubernamentales frenarán la emisión de permisos, auditorías e investigaciones; y cientos de miles de empleados federales, catalogados como “no esenciales”, deberán quedarse en casa sin salario. Quienes sí sean considerados “esenciales”, como personal de seguridad, control aéreo o agentes de frontera, continuarán trabajando, aunque sin cobrar hasta que se apruebe el presupuesto.
El costo humano no es menor. Organizaciones sindicales que representan a trabajadores de agencias como la Seguridad Social ya han advertido sobre la “crisis de ánimo” que genera la pérdida de salario en miles de familias que dependen de cada cheque para sobrevivir. En comunidades locales, el cierre de oficinas y parques federales también impacta en economías regionales que dependen del turismo y de la actividad administrativa del Estado.
La incertidumbre marca el ritmo político en Washington. Sin una solución a la vista, el país enfrenta nuevamente las consecuencias de un estancamiento partidista que no solo paraliza al gobierno, sino que también pone en jaque a millones de familias que dependen de los servicios federales para su vida diaria.
