CONANI rechaza acción irregular contra menores en Dajabón

Dajabón, R.D. – El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) rechazó de forma categórica una acción ejecutada el jueves 15 de mayo por una autoridad municipal en la provincia fronteriza de Dajabón, donde se violentaron los protocolos legales establecidos para el abordaje de niños, niñas y adolescentes en situación de calle o movilidad humana.

Según informó la entidad, la intervención fue arbitraria e irregular, constituyendo una violación a la Ley 136-03, que protege los derechos fundamentales de los menores de edad, en especial el derecho a la integridad personal y la prohibición del traslado o retención ilegal.

CONANI explicó que su equipo técnico en la Oficina Municipal de Dajabón tiene presencia permanente en el espacio «Amigable para la Niñez», ubicado dentro del Centro de Acogida de la Dirección General de Migración (DGM). Desde allí, se realizaron entrevistas a los menores interceptados, siguiendo el «Protocolo para la Identificación, Atención y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Movilidad Humana».

Tras la evaluación, se determinó que seis de los menores no contaban con arraigo en el país y manifestaron tener familiares en Haití. Por esta razón, se dispuso su retorno asistido a través del Puente Binacional Dajabón-Ounaminthe, donde fueron entregados a las autoridades del Instituto de Bienestar Social y de Investigación (Ibesr) del vecino país, en el marco de un proceso de reunificación familiar. No obstante, otros cinco niños y adolescentes salieron de las instalaciones de la DGM sin que se les aplicaran las evaluaciones requeridas, conforme a reportes oficiales.

Desde el año 2021, CONANI ha fortalecido la atención a menores en situación migratoria irregular mediante un programa articulado con diversos actores del sistema, lo que ha permitido mejorar la respuesta local con personal capacitado y recursos adecuados.

El organismo recordó que el artículo 12 de la Ley 136-03 garantiza el respeto a la integridad personal de los menores y los protege contra todo tipo de abuso, maltrato, explotación o negligencia. Además, enfatizó que todas las acciones que involucren a niños y adolescentes deben ceñirse al debido proceso, la coordinación interinstitucional y el respeto a sus derechos fundamentales.