WASHINGTON. — Una coalición integrada por los fiscales generales de 24 estados y del Distrito de Columbia presentó este jueves una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump, al considerar ilegal la decisión de condicionar miles de millones de dólares en fondos federales para emergencias y desastres naturales a la cooperación de los estados con las políticas federales de inmigración y a la entrega de información sobre sus registros electorales.
La acción judicial también cuenta con el respaldo de los gobernadores demócratas de Kentucky, Andy Beshear, y de Pensilvania, Josh Shapiro.
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El grupo sostiene que la Administración federal pretende exigir a los estados la entrega de listas de votantes registrados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y una mayor colaboración en la aplicación de las leyes migratorias como requisito para acceder a recursos destinados a la preparación y respuesta ante emergencias, incluidos desastres naturales y amenazas terroristas.
El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, quien encabeza la demanda, afirmó que la Casa Blanca está utilizando fondos esenciales como mecanismo de presión para obligar a los estados a modificar políticas que, a su juicio, corresponden exclusivamente a sus competencias constitucionales.
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