Santo Domingo.– La psiquiatra Ylsa Emperatriz Quero Cabrera fue arrestada mientras las autoridades investigan denuncias de presunta violencia intrafamiliar y de género vinculadas con internamientos psiquiátricos involuntarios.
Según informaciones preliminares difundidas por Noticias SIN, la detención se produjo en su consultorio, como parte de las diligencias del Ministerio Público para esclarecer los hechos.
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Las denuncias adquirieron notoriedad hace tres meses, cuando El Informe con Alicia Ortega presentó testimonios de personas que aseguraron haber sido ingresadas contra su voluntad en el Centro Renova.
Uno de los denunciantes, el ingeniero y empresario Juan Francisco López Yapor, relató que tres hombres llegaron a su oficina de Santo Domingo Este el 19 de febrero de 2026, simulando ser clientes.
Según su versión, los individuos lo sometieron, esposaron y le administraron una sustancia inyectada antes de trasladarlo al establecimiento psiquiátrico. Allí, afirmó, permaneció internado y recibió tratamiento sin consentimiento.
López Yapor relacionó el episodio con un conflicto matrimonial, en medio de un proceso de divorcio y una disputa por bienes familiares.
Una nota de ingreso firmada por Quero recogía supuestas alteraciones de conducta, agresividad e irritabilidad a partir de información atribuida a familiares. El empresario rechazó esa evaluación y cuestionó las condiciones de su ingreso.
Su abogado, Héctor Quiñones, sostuvo que fue necesaria la intervención de la Fiscalía y la Policía Nacional para localizarlo y gestionar su salida.
El reportaje también presentó el testimonio de una mujer identificada con el nombre ficticio de Melissa, quien denunció un internamiento involuntario de nueve días en enero de 2025.
El abogado del Centro Renova, René del Rosario, negó que la institución realizara ingresos forzosos y aseguró que sus pacientes eran admitidos voluntariamente.
Quero había declinado responder a los señalamientos, alegando que existía una investigación del Ministerio Público y que debía respetar la confidencialidad de sus pacientes y el secreto profesional.
Hasta el momento de la información difundida, no se habían detallado posibles solicitudes de medidas de coerción contra la especialista. Las autoridades deberán establecer las responsabilidades correspondientes, mientras Quero conserva su presunción de inocencia.
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