MIAMI — El gobierno de Estados Unidos desclasificó una acusación federal sustitutiva contra el exlíder cubano Raúl Castro Ruz y otros cinco exfuncionarios del régimen cubano por su presunta responsabilidad en el derribo de dos aeronaves civiles de la organización Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996, en un incidente que dejó cuatro muertos.
La acusación fue anunciada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, que sostiene que los imputados participaron en una conspiración para destruir aeronaves civiles estadounidenses en espacio aéreo internacional y causar la muerte de ciudadanos estadounidenses.
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Junto a Castro fueron acusados los exgenerales cubanos Álvaro López Miera, entonces jefe de la Fuerza Aérea Revolucionaria, y otros exaltos mandos militares vinculados a la cadena de mando que, según las autoridades estadounidenses, ejecutó la operación.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, las aeronaves pertenecían a Hermanos al Rescate, organización con sede en Miami dedicada a localizar y asistir a balseros cubanos en el Estrecho de Florida. Las avionetas fueron interceptadas y derribadas por cazas militares cubanos, pese a que, según la acusación, no representaban una amenaza militar inmediata.
La fiscalía estadounidense sostiene que la acción fue planificada con anticipación y ejecutada bajo órdenes del más alto nivel del gobierno cubano de entonces. Los cargos incluyen conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves civiles y asesinato.
El caso permaneció sellado durante años y su desclasificación reabre uno de los episodios más sensibles en la historia del conflicto entre Washington y La Habana.
El fiscal federal Hayden P. O’Byrne afirmó que la acusación busca avanzar en la rendición de cuentas por la muerte de las cuatro víctimas, cuyos familiares durante décadas reclamaron acciones judiciales concretas.
El derribo de las aeronaves provocó en su momento una crisis diplomática entre Estados Unidos y Cuba y derivó en el endurecimiento de la política estadounidense hacia la isla, incluyendo la aprobación de la Ley Helms-Burton, que reforzó el embargo económico.
Hasta el momento, no se conoce una reacción oficial inmediata del gobierno cubano sobre la acusación revelada por las autoridades estadounidenses.
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