Santo Domingo, RD.– La Fiscalía aplazó para el próximo 13 de octubre la vista relacionada con una querella por presunta difamación e injuria presentada contra los comunicadores Danny Alcántara, Luisín Mejía y Oscar Medina.
La suspensión se produjo después de que los abogados de los comunicadores sostuvieran que la presencia de sus representados no era necesaria durante la vista.
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De acuerdo con los abogados de los querellantes, el Ministerio Público estableció que los comunicadores deberán presentarse en la próxima convocatoria y advirtió sobre la posibilidad de solicitar órdenes de arresto en caso de una eventual incomparecencia.
La querella contra comunicadores fue presentada por Carlos Julio Martínez, Francisco Durán y Enrique Vallejo, quienes también se constituyeron en parte civil contra el grupo de medios Color Visión.
Los querellantes indicaron que actualmente no contemplan una conciliación y que mantendrán el proceso judicial por la presunta difamación e injuria que atribuyen a los comunicadores.
La acción legal fue depositada ante la Fiscalía del Distrito Nacional el 16 de abril de 2026 y se refiere a expresiones que, según los denunciantes, fueron difundidas durante el programa “Hoy Mismo Matinal” el 13 de noviembre de 2025.
Según la instancia, los querellantes atribuyen a los comunicadores haber realizado, respaldado o difundido afirmaciones que consideran perjudiciales para su honor y reputación. La querella señala presuntas violaciones de los artículos 21, 22, 60 y 64 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
El caso está relacionado con declaraciones surgidas en el contexto de otro litigio ante el Tribunal Superior Administrativo. Los querellantes sostienen que fueron señalados de mantener una supuesta componenda con jueces y de disponer presuntamente de dinero para influir en una sentencia.
Esas acusaciones forman parte de los señalamientos incluidos por los denunciantes en su acción legal y deberán ser examinadas dentro del proceso correspondiente.
La investigación está a cargo de los procuradores fiscales María Miguelina Palma y Jhon Richard Suncar, adscritos al Departamento Investigativo de Propiedad Intelectual y Delitos de Alta Tecnología del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
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