Santo Domingo. – La comisión creada mediante la Ley 16-26 aprobó el protocolo que regulará el proceso de revisión, validación y eventual pago de las deudas pendientes con contratistas del Estado por obras ejecutadas desde 1996, con o sin contrato formal.
La decisión marca el inicio de la aplicación práctica de la legislación, promulgada el 1 de mayo de 2026, cuyo objetivo es establecer un mecanismo para reconocer obligaciones acumuladas por trabajos realizados para instituciones públicas que permanecen sin pago debido a situaciones administrativas, incluyendo expedientes con documentación incompleta o sin contratos formalizados.
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El protocolo define los procedimientos, criterios técnicos y requisitos que deberán cumplir los expedientes antes de ser evaluados por la comisión, integrada por representantes del Ministerio de Hacienda y Economía, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Como parte del proceso, las autoridades revisarán y validarán cada reclamación antes de autorizar cualquier desembolso.



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