Massachusetts.– Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a Manuel Alejandro Peña, dominicano de 34 años, luego de que fuera liberado de la cárcel del condado de Worcester, donde cumplió una condena de nueve años por allanamiento de morada y agresión con un arma peligrosa que causó lesiones.
Peña fue detenido la semana pasada durante operativos selectivos de ICE, tras su liberación. Los delitos por los que cumplió condena ocurrieron en 2017. También había sido condenado por abandonar el lugar de un incidente que causó daños a la propiedad y enfrenta cargos pendientes por agredir con una sustancia corporal a un empleado de un centro penitenciario, según medios locales citados por ArcaMax.
Un juez de inmigración ordenó su deportación el año pasado debido a su condena por un delito grave.
ICE cuestiona la falta de aviso
La oficina de ICE en Boston afirmó que la Oficina del Alguacil del condado de Worcester no notificó a la agencia sobre la liberación de Peña. ICE atribuyó la falta de aviso a la Ley PROTECT, promulgada en agosto por la gobernadora demócrata Maura Healey.
En una publicación en X, la agencia señaló que Peña fue liberado pese a tener una orden de expulsión y que ICE lo localizó y arrestó posteriormente.
La Ley PROTECT, promulgada el 5 de agosto, limita la cooperación de las autoridades estatales y locales con las agencias federales de inmigración. Entre otras disposiciones, prohíbe mantener detenida a una persona únicamente por una solicitud civil de retención de ICE una vez que tenga derecho a ser liberada y restringe ciertos avisos anticipados sobre liberaciones, con excepciones para algunos delitos graves.
La normativa también limita los arrestos migratorios civiles sin orden judicial en espacios sensibles, como escuelas, hospitales y tribunales, y restringe nuevos acuerdos que permitan a autoridades locales ejercer funciones de control migratorio federal.
Diferencias entre autoridades estatales y federales
La administración de Healey sostiene que la ley protege los derechos de los residentes y garantiza el acceso a servicios esenciales. ICE, por su parte, afirma que las restricciones a la cooperación local dificultan la detención de personas con antecedentes penales.
Medios locales informaron que en octubre 12 de los 14 alguaciles de Massachusetts enviaron una carta a la gobernadora para expresar inquietudes sobre la seguridad pública y las limitaciones a los avisos de liberación. Consultada por el Boston Herald, Healey dijo estar “orgullosa” de la ley y criticó la actuación de ICE en las comunidades.



Comentarios (0)
Sé el primero en participar en la conversación.