NUEVA YORK.- Comprar una vivienda o invertir en un proyecto inmobiliario en República Dominicana representa para miles de dominicanos residentes en el extranjero la posibilidad de construir un patrimonio, asegurar su retiro o establecer una fuente de ingresos.
Sin embargo, la distancia, la falta de información y las decisiones apresuradas pueden convertir una inversión familiar en una operación de alto riesgo.
La asesora inmobiliaria Inna Luna considera que la confianza es indispensable en estas operaciones, pero advierte que no debe confundirse con aceptar promesas comerciales sin comprobar su veracidad. Durante una entrevista concedida a El Faro Latino, la profesional destacó que la seguridad del comprador debe comenzar mucho antes de entregar dinero o firmar cualquier compromiso.
Luna, cuya trayectoria profesional incluye experiencia en publicidad y marketing, explicó que su incorporación al sector inmobiliario le permitió comprender la responsabilidad que representa orientar a personas que, en muchos casos, comprometen los ahorros acumulados durante años de trabajo.
Para la asesora, adquirir un inmueble no consiste simplemente en comprar una propiedad, sino en tomar una decisión que puede comprometer el futuro económico de una familia. Por esa razón, sostiene que el trabajo inmobiliario debe ir más allá de presentar proyectos atractivos y facilitar transacciones comerciales.
Los riesgos de comprar desde el extranjero
Uno de los principales desafíos para quienes residen en Estados Unidos y otros países es la imposibilidad de supervisar personalmente cada etapa de la operación. Fotografías, videos, recorridos virtuales y materiales promocionales permiten conocer determinadas características de los proyectos, pero no sustituyen las verificaciones jurídicas y técnicas.
Luna explicó que, cuando trabaja con compradores residentes fuera de República Dominicana, procura proporcionar información sobre la ubicación, las condiciones del inmueble, las características del proyecto y la documentación disponible. Sin embargo, reconoce que esa orientación debe complementarse con la intervención de profesionales independientes.
Entre las señales de alerta identificadas por la asesora figuran las presiones para entregar dinero inmediatamente, las diferencias entre las ofertas comerciales y los documentos contractuales, la falta de claridad sobre la titularidad del inmueble y las promesas de rentabilidad extraordinaria.
La profesional también considera fundamental investigar quién está detrás de cada proyecto, conocer los antecedentes del desarrollador y comprobar las condiciones de pago y las fechas estimadas de entrega.
La documentación puede marcar la diferencia
En República Dominicana, la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario establece el marco jurídico para el registro de los derechos sobre inmuebles. Una de las herramientas disponibles para el comprador es la Certificación del Estado Jurídico del Inmueble, expedida por el Registro de Títulos, que permite conocer la situación registral de una propiedad y los asientos vigentes que puedan afectarla.
La revisión del certificado de título, la identificación del propietario, las posibles cargas o gravámenes y la correspondencia entre la documentación y el inmueble ofrecido constituyen aspectos relevantes antes de formalizar una compra.
En proyectos en construcción, también resulta necesario verificar los permisos correspondientes, las condiciones contractuales, las especificaciones de terminación y los compromisos de entrega. Pro Consumidor recomienda investigar los antecedentes de las constructoras y comprobar que los proyectos cumplan con los requisitos exigidos por las autoridades competentes.
Estas comprobaciones deben realizarse mediante los organismos correspondientes y con asesoramiento jurídico especializado, sin depender exclusivamente de la información proporcionada por el vendedor.
La función del asesor y la responsabilidad del abogado
Luna establece una diferencia entre las funciones de un intermediario inmobiliario y las de un profesional del derecho. Mientras el asesor puede identificar documentos, solicitar información y orientar al cliente durante la negociación, la revisión jurídica debe quedar en manos de un abogado especializado que represente los intereses del comprador.
Esta separación adquiere especial importancia cuando la inversión se realiza desde el extranjero, donde el comprador puede depender de terceros para obtener información, comprobar las condiciones del proyecto y completar los trámites.
La asesora sostiene que una relación profesional responsable también exige reconocer cuándo una operación no responde a las necesidades del cliente, incluso si eso significa renunciar a una venta.
Confianza sustentada en hechos, no en promesas
Más allá de las oportunidades que presenta el mercado inmobiliario dominicano, la principal recomendación es evitar que el entusiasmo por adquirir una vivienda sustituya el análisis de sus condiciones legales y económicas.
Para los compradores de la diáspora, esto implica comparar ofertas, solicitar documentos verificables, examinar los contratos antes de firmarlos y conocer las consecuencias de posibles retrasos, incumplimientos o cancelaciones.
Luna considera que la reputación de un asesor no debe medirse únicamente por la cantidad de propiedades vendidas, sino por la claridad de la información que proporciona y el acompañamiento que ofrece durante el proceso.
Su reflexión final resume una advertencia aplicable a cualquier operación inmobiliaria: “Un buen asesor no debería decirle simplemente: ‘Confíe en mí’. Debería decirle: ‘Vamos a verificarlo juntos’”.
En un mercado donde las decisiones pueden comprometer los ahorros de toda una vida, la diferencia entre una inversión segura y una experiencia perjudicial puede comenzar con una medida elemental: verificar antes de pagar.



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