El nombre de esta investigación sale del nombre de un libro escrito por un servidor que comienza con una reflexión inspirada en el Salmo 10, una antigua súplica contra la injusticia y el abuso de poder. En ese pasaje, el salmista denuncia cómo los poderosos oprimen impunemente a los más vulnerables, mientras la justicia parece ausente. La referencia no se plantea en clave teológica, sino como metáfora de un sistema que repite patrones históricos de exclusión y abuso.
El presente trabajo recoge ese clamor desde la investigación periodística y el análisis documental. Su propósito es visibilizar un modelo penitenciario privatizado que, en las últimas décadas, ha crecido sobre las espaldas de los sectores más empobrecidos y racializados de la sociedad estadounidense. No se trata únicamente de prisiones; involucra contratos gubernamentales, cláusulas de ocupación mínima, fondos de inversión, operaciones bursátiles en Wall Street y mecanismos de lobby legislativo que transforman la privación de libertad en un negocio de alta rentabilidad.
Recibe alertas de última hora
Inmigración, Nueva York, República Dominicana y noticias de investigación directamente en tu teléfono y computadora.
Gratis y puedes cancelar en cualquier momento.
A lo largo de tres años de investigación (noviembre 2022–2025), se recopilaron datos provenientes de informes oficiales, testimonios, registros judiciales y estudios académicos. El proceso permitió identificar una contradicción estructural, mientras las tasas de criminalidad violenta en Estados Unidos se han reducido de manera sostenida en las últimas tres décadas, el Pew Research Center documenta una caída aproximada del 49 % entre 1993 y 2022, y el FBI reporta descensos adicionales en 2023 y 2024, la población penitenciaria ha seguido creciendo hasta convertir al país en la nación con mayor número de personas privadas de libertad en el mundo contemporáneo.
Según un reporte de “Prison Policy Initiative”, actualmente, Estados Unidos mantiene una de las tasas de encarcelamiento más elevadas del mundo, 541 personas por cada 100 000 habitantes, reflejando una población penitenciaria de aproximadamente 1 808 100 personas De ese total, cerca del 8 % (96 370 personas) están bajo la jurisdicción de entidades privadas. Para marzo de 2025, esta población comprende 14 000 en cárceles locales privadas, 6 000 en centros de detención juvenil, 34 000 bajo ICE y ORR, 19 000 en instalaciones federales del BOP y U.S. Marshals, y 81 000 en prisiones estatales privadas, de acuerdo con la Encyclopedia BritannicaPrison Policy Initiative.
Estas cifras ponen de relieve el papel central del sector privado en la gestión penitenciaria, en particular en la detención migratoria, y su posible escalamiento en 2025. ICE tiene previsto más que duplicar su capacidad de detención mediante contratos rápidos con CoreCivic y GEO Group respaldados por un financiamiento extraordinario de 45 mil millones de dólares del One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), también apodado «Big Beautiful Bill», un paquete de reconciliación presupuestaria impulsado como la principal iniciativa legislativa de Trump durante su segundo mandato. El proyecto fue aprobado por el Congreso y firmado en ley el 4 de julio de 2025.
Las disparidades raciales persisten. En 2021, los afroamericanos y latinos representaban colectivamente más del 56 % de la población penitenciaria, a pesar de constituir menos del 34 % de la población general, una dinámica que ha sido interpretada como una forma contemporánea de segregación institucional.
El fenómeno excede el ámbito penitenciario, erosiona la cohesión comunitaria, debilita familias y restringe la participación política. Más de 4.4 millones de ciudadanos con antecedentes penales han perdido su derecho al voto, una exclusión que afecta de manera desproporcionada a afroamericanos y latinos. El resultado es una forma de violencia estructural sostenida, en la que el castigo opera no solo como respuesta al delito, sino como instrumento de acumulación económica y control social.
Este libro no busca justificar delitos ni relativizar responsabilidades individuales. Reconoce la necesidad de que quienes infringen la ley enfrenten consecuencias proporcionales. Sin embargo, plantea una objeción fundamental y establece que el castigo no puede convertirse en mercancía ni en mecanismo de generación de dividendos. Mientras persistan incentivos financieros para llenar cárceles, los principios de justicia y equidad estarán subordinados a intereses corporativos.
El propósito de esta obra es doble. Por un lado, aportar al debate público y académico sobre el sistema penitenciario en Estados Unidos, ofreciendo insumos para programas de justicia penal, derechos humanos y estudios raciales. Por otro, rescatar del silencio institucional las historias de quienes han sido afectados por este modelo. No se trata de una tesis académica en sentido estricto, pero sí de un trabajo sustentado en documentación rigurosa y orientado a un análisis crítico de gran alcance.
La tesis central es clara, la privatización del castigo constituye una distorsión profunda del ideal de justicia. Abordar sus efectos requiere más que reformas técnicas; demanda una transformación estructural que elimine los incentivos económicos ligados a la privación de libertad. La justicia no puede mercantilizarse, y el sufrimiento humano no debe convertirse en fuente de lucro.
Comentarios (0)
Sé el primero en participar en la conversación.