Nueva York. La provincia de Puerto Plata, en la República Dominicana, se encuentra en un escenario de creciente tensión por la instalación de un biodigestor o procesadora de basura a cielo abierto y una recicladora de plásticos en su principal vía de acceso turístico, en medio de denuncias comunitarias, acciones legales en curso y un proceso de evaluación oficial aún sin conclusión definitiva, según una investigación en curso del periódico El Faro Latino de Estados Unidos.
Los comunitarios dirigieron un llamado directo y lleno de esperanza a Armando Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, designado por el presidente Luis Abinader el 2 de agosto de 2024, a quien identifican como un abogado y ambientalista con trayectoria en los sectores público y privado, vinculado a la protección y sostenibilidad de los recursos naturales.
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Los residentes sostienen que el ministro Henríquez no ha sido debidamente informado sobre la situación que enfrentan los moradores del sector Ciudad Universitaria, Cafemba, en Puerto Plata, y consideran necesario que conozca de primera mano el alcance del conflicto que afecta a esta zona de la Novia del Atlántico.
A pesar de que, según denuncias documentadas, la recicladora habría iniciado operaciones de manera parcial, el proyecto no contaría con permisos de uso de suelo por parte del ayuntamiento, ni con autorizaciones de las autoridades de turismo, construcciones y edificaciones, medio ambiente y salud pública.
El Faro Latino intentó sin éxito comunicarse con Jeremías Ureña Cid, presidente de la Sala Capitular (Concejo de Regidores) del Ayuntamiento de Puerto Plata y con Raúl Enrique Brugal Meyreles, Director Provincial en Puerto Plata del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero todos los esfuerzos fueron en vano porque ambos funcionarios no contestaron las llamadas ni devolvieron mensajes.
Cuestionamientos por supuestas operaciones del biodigestor sin contar con los permisos correspondientes
De acuerdo con la investigación realizada por el periódico El Faro Latino y denuncias documentadas por este medio, el biodigestor estaría operando parcialmente mientras su permiso ambiental permanece en trámite, y dentro del mismo terreno se habrían iniciado construcciones sin autorización definitiva, lo que, según los opositores, refuerza la percepción de que el proyecto avanza sin aprobación final.
Esta situación ha generado cuestionamientos dentro de la comunidad, donde algunos sectores han señalado la necesidad de que el caso sea evaluado por las autoridades competentes, incluyendo la Procuraduría General de la República, encabezada por Yeni Berenice Reynoso, como parte de los mecanismos institucionales previstos por la ley.
El proyecto, impulsado por la empresa Gestión Ambiental Punto Verde, vinculado al arquitecto Francisco E. Veras Paulino, se desarrolla en una zona estratégica por donde transitan miles de cruceristas desde Amber Cove hacia el centro histórico de Puerto Plata, en un entorno que incluye áreas residenciales, restaurantes, una cocina escolar para cientos de niños, el recinto Puerto Plata de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), centros educativos y complejos turísticos cercanos como Costambar y Cofresí.
En el plano institucional, las entrevistas realizadas por El Faro Latino reflejan respuestas limitadas y ausencia de definiciones concluyentes. El director regional norte del Ministerio de Turismo, Atahualpa Paulino, afirmó en conversación telefónica no tener conocimiento del proyecto y solicitó el envío de información para ofrecer una respuesta posterior. Sin embargo, tras recibir los documentos, no respondió nuevas llamadas ni mensajes, pese a que, según documentos en poder de este medio, su despacho sí había recibido comunicaciones formales relacionadas con la instalación de la planta que advierten de implicaciones legales.
Por su parte, el procurador de Medio Ambiente de la provincia de Puerto Plata, Elvis García, indicó durante la entrevista telefónica que no ofrece información oficial por esa vía y que solo responde mediante solicitudes formales por escrito o encuentros presenciales. Ante preguntas sobre el caso, sostuvo que no podía emitir comentarios al no tratarse de un proceso sometido ante su despacho, señalando que la evaluación corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La intervención de una comisión del Ministerio de Medio Ambiente enviada desde Santo Domingo, encabezada por una funcionaria identificada como María Isabel, también ha sido objeto de cuestionamientos por parte de comunitarios. Durante una conversación con este medio, la funcionaria indicó que se habían realizado entrevistas y que el levantamiento no había concluido, por lo que los resultados serían remitidos posteriormente a sus superiores.
No obstante, evitó ofrecer detalles adicionales y no respondió a nuevos intentos de contacto luego de ser consultada sobre denuncias relativas a una posible operación sin autorización.
Según los denunciantes, una vista pública vinculada al proceso se habría realizado sin la convocatoria directa a las comunidades afectadas, lo que, a su juicio, no garantizó una participación efectiva de los sectores impactados.
En materia de salud pública, el inspector provincial de salud pública ambiental, Luis Lorenzo Marmolejos, reconoció durante la entrevista que el proyecto no cuenta con permisos del Ministerio de Medio Ambiente y que, en consecuencia, Salud Pública no ha emitido autorización para su operación.
Sin embargo, el funcionario también describió los procesos asociados al biodigestor y al reciclaje de plásticos como modelos utilizados en otros países y señaló posibles beneficios ambientales, al tiempo que caracterizó la operación como de escala reducida o experimental, pese a admitir la existencia de quejas por malos olores en la zona.
En el ámbito comunitario, la oposición ha sido descrita como organizada y sostenida.
Las imágenes disponibles de instalaciones similares muestran que los biodigestores, tanto industriales como de pequeña escala, suelen ubicarse en entornos rurales o zonas apartadas, donde existe mayor distancia de áreas residenciales, comerciales y de alto tránsito, lo que ha sido señalado por residentes como un elemento de contraste frente a la ubicación del proyecto en Puerto Plata.
Hofranyi Bonilla García, presidente de la Junta de Vecinos Ciudad Universitaria Cafemba, afirmó que existe un rechazo tajante y articulado por parte de múltiples juntas de vecinos frente a la instalación del biodigestor y la recicladora. Según su testimonio, el proyecto operaría sin permisos de medio ambiente ni de salud pública y representaría un riesgo agravado al combinar ambos procesos en una misma zona.
Bonilla García sostuvo que el impacto ya es perceptible en restaurantes cercanos, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en áreas residenciales, además de afectar la imagen del destino turístico en la ruta de cruceristas.
Asimismo, señaló que la presencia constante de camiones, el manejo de residuos y la emisión de gases contaminantes habrían contribuido, según su apreciación, a un proceso de degradación urbana en el área.
El dirigente comunitario también expresó preocupación por la actuación de la comisión del Ministerio de Medio Ambiente, indicando que, según su versión, no se habría realizado una consulta formal a las juntas de vecinos afectadas, lo que ha generado cuestionamientos dentro de la comunidad.
De acuerdo con la documentación citada en el expediente, más de diez juntas de vecinos han activado acciones legales y un plan de movilización, respaldados por una instancia judicial notificada por alguaciles, consolidando una coalición comunitaria que advierte sobre posibles impactos sanitarios, económicos, turísticos y eventuales jornadas de luchas comunitarias y sociales en la provincia de Puerto Plata.
En el plano económico, comerciantes de la zona también han reportado afectaciones.
Esequiel González, propietario de la Pescadería Las Hermanitas, afirmó que la instalación del biodigestor y la recicladora junto a su establecimiento provocó una pérdida significativa de clientela, atribuyéndolo a un hedor persistente percibido en el entorno.
Según su testimonio, clientes abandonaban el local tras percibir el olor y cuestionarse si se trataba de una cloaca justo al lado del restaurante, lo que habría impactado directamente la operación del negocio.
González señaló además que ambas operaciones industriales funcionarían de manera simultánea, generando efectos acumulativos asociados a procesos como trituración, lavado y emisiones, los cuales, según su apreciación, afectan la calidad del aire y el entorno inmediato.
El expediente legal, según la investigación de este medio, documenta una oposición organizada contra la instalación de la planta en un área de uso residencial y turístico, señalando la ausencia de permisos exigidos por la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley 225-20 de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
El caso continúa en evaluación por las autoridades competentes y, hasta el momento, no se ha emitido una decisión definitiva. En este contexto, dentro de la comunidad han surgido denuncias y sospechas sobre posibles irregularidades y apoyos institucionales al proyecto, planteadas como percepciones de los denunciantes y no como hechos confirmados.
Esta es una noticia en desarrollo, regrese a este periódico para más actualizaciones.
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