New York, NY. La proximidad del 9 de septiembre mantiene en incertidumbre a miles de familias salvadoreñas ante el anunciado vencimiento del Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, que durante años les permitió permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Ana Orellana, de 67 años, y su esposo Luis Vásquez, de 71, aseguran que pasan los días rezando para que el Gobierno federal revierta la decisión. La pareja teme perder la estabilidad construida durante más de dos décadas en Nueva York y quedar expuesta a una posible detención o deportación.
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Vásquez emigró desde Santa Tecla, El Salvador, hace 24 años, después del terremoto que afectó ampliamente a su país el 13 de enero de 2001. Estados Unidos comenzó a conceder el TPS para salvadoreños en marzo de ese año debido a las consecuencias del desastre.
“Después de haber hecho nuestra vida aquí, nos van a empezar a perseguir”, expresó el hombre, quien trabajó anteriormente en restaurantes. También admitió que conserva pocas esperanzas de que el presidente Donald Trump cambie la decisión, aunque pidió al Gobierno mantener las protecciones.
La cancelación podría afectar a unos 230,000 salvadoreños en Estados Unidos, incluidos aproximadamente 5,000 residentes en Nueva York. Quienes no tengan otra condición migratoria perderían el amparo contra la deportación y sus permisos de trabajo.
Julio García, beneficiario del programa durante más de una década, manifestó preocupación por el futuro de sus hijos adolescentes, nacidos y criados en Estados Unidos. Explicó que su familia tiene una vivienda y una vida establecida en el país, pero ahora enfrenta la posibilidad de quedar sin estatus migratorio.
Las familias salvadoreñas radicadas en Nueva York se concentran principalmente en los condados de Suffolk y Nassau, en Long Island, y en Queens. Además del impacto familiar, organizaciones y autoridades advierten sobre las posibles consecuencias para la fuerza laboral y la economía estatal.
La gobernadora Kathy Hochul expresó su oposición a la cancelación mediante una carta dirigida al secretario del Departamento de Seguridad Nacional. La mandataria sostuvo que la pérdida de las protecciones afectaría a trabajadores esenciales de los gobiernos estatal y locales, así como a diferentes industrias privadas.
Hochul pidió al Gobierno federal restablecer el programa para las personas que no pueden regresar a sus países debido a situaciones de inestabilidad, violencia o crisis humanitarias. También afirmó que Nueva York continuará respaldando a la comunidad inmigrante y buscará reducir los daños derivados de la medida.
Los salvadoreños se sumarían a ciudadanos de otros países afectados por cancelaciones del TPS, entre ellos Afganistán, Camerún, Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen. Expertos en inmigración recomiendan que cada beneficiario busque orientación legal para determinar si puede acogerse a otra alternativa migratoria.
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