Washington, D.C.- Un tribunal federal de apelaciones confirmó este martes una orden que bloquea la política utilizada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para compartir información confidencial de contribuyentes con autoridades migratorias, al determinar que su aplicación incumplió las protecciones establecidas por la legislación federal.
La decisión fue adoptada por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia y mantiene una medida dictada por un tribunal inferior contra el intercambio de datos del IRS a ICE.
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El caso está relacionado con un acuerdo mediante el cual el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitó al IRS las últimas direcciones conocidas de aproximadamente 1.28 millones de personas. En agosto de 2025, la agencia tributaria entregó información correspondiente a unos 47,000 contribuyentes.
La información tributaria está protegida por estrictas disposiciones federales. Aunque existen excepciones que permiten divulgar determinados datos en investigaciones criminales, el tribunal concluyó que el procedimiento empleado no cumplió varios de los requisitos legales aplicables.
La jueza Cornelia Pillard hizo referencia al antecedente de Watergate al explicar el origen de las restricciones sobre el uso de información tributaria. Después de aquel escándalo político, el Congreso estableció condiciones estrictas para limitar el intercambio de datos fiscales con otras agencias gubernamentales.
El tribunal inferior había determinado previamente que la entrega de las aproximadamente 47,000 direcciones incumplió varias disposiciones de la ley, entre ellas requisitos relacionados con las investigaciones criminales y con la información que debía proporcionar la agencia solicitante.
La controversia forma parte de las disputas judiciales relacionadas con las políticas de inmigración de la administración del presidente Donald Trump, que ha impulsado medidas para ampliar las deportaciones y fortalecer la aplicación de las leyes migratorias.
Organizaciones que participaron en el litigio han defendido la privacidad de contribuyentes, incluidos inmigrantes que presentan declaraciones mediante números individuales de identificación tributaria. Los demandantes argumentaron que la entrega masiva de información podía afectar las garantías de confidencialidad del sistema tributario.
La resolución mantiene por ahora el bloqueo sobre el mecanismo cuestionado para compartir información con las autoridades migratorias y reafirma que las excepciones a la confidencialidad tributaria deben cumplir las condiciones previstas en la legislación federal.
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