Santo Domingo Este.– La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva contra un inspector de la Dirección General de Migración acusado de permitir la salida del país de ciudadanos dominicanos que tenían impedimentos judiciales.
La medida fue dictada contra Esteban Nohassis Mogena González, quien deberá cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. El caso está relacionado con un hecho registrado en el Aeropuerto Internacional de las Américas.
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El arresto en flagrante delito y el posterior sometimiento ante el Ministerio Público fueron coordinados por la Dirección Jurídica de la DGM junto a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
El Ministerio Público acusa al imputado de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración, número 285-04. Los cargos incluyen asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
De acuerdo con el expediente acusatorio, el hecho ocurrió el pasado jueves 24 en la terminal de salidas del AILA. Las evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales presentadas ante el tribunal señalan que Mogena González habría recibido miles de dólares a cambio de alterar los protocolos de seguridad.
Las autoridades explicaron que el inspector atendió a dos viajeros en el puesto de control migratorio, donde presuntamente omitió el escaneo de las huellas dactilares y no certificó la salida en el sistema de registro.
Esa maniobra irregular habría permitido que uno de los pasajeros lograra abordar un vuelo con destino a Las Bahamas, pese a tener impedimento judicial.
La DGM informó que el funcionario ya se encontraba bajo un operativo de vigilancia e inteligencia desde hacía varios meses, luego de detectarse inconsistencias en el desempeño de sus funciones.
Tras la imposición de la medida de coerción, la Dirección General de Migración indicó que inició el procedimiento legal correspondiente para suspender a Mogena González de sus funciones, con miras a su desvinculación definitiva, conforme a las normas de la administración pública.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, reafirmó que la institución mantendrá una política de cero tolerancia frente a actos de corrupción y advirtió que se procederá judicialmente contra cualquier inspector, agente o servidor público que incurra en ese tipo de prácticas.
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